La querella exige citar al president a declarar por el presunto delito de desobediencia, además de solicitar solicita a la Jefatura de Policía de Cataluña las actas de comprobación con relación a informes de la Delegación del Gobierno en cumplimiento de los acuerdos de la JEC y, al comisario jefe de los Mossos d’Esquadra, que informe “acerca del debido cumplimiento de lo resuelto por la junta el 21 de marzo”.
La Fiscalía Superior de Cataluña ha presentado este miércoles una querella contra el presidente de la Generalitat, Quim Torra, alegando una “desatención deliberada” a la orden de la Junta Electoral Central (JEC) por no acatar la orden de retirar de los edificios públicos elementos “de naturaleza ideológica y partidista, representativa solo de postulados de una parte de la sociedad”, tales como son los lazos amarillos y las esteladas.
El primer acuerdo de la JEC otorgaba a Torra un plazo de 48 horas para la retirada de esteladas y lazos amarillos de los edificios públicos con el objetivo de cumplir con el deber de neutralidad política de los poderes públicos ante las elecciones generales del 28 de abril.
Ante la negativa de Torra, el órgano supervisor de procesos electorales le advirtió de "las responsabilidades administrativas y, en su caso, penales, en que pudiera incurrir si no cumplía el acuerdo”. Asimismo, la JEC acordó enviar las diligencias al Ministerio Público por dichas responsabilidades penales.
Al mismo tiempo, la JEC procedía a la apertura de un expediente sancionador por el incumplimiento de órdenes, que podría conllevar una sanción de 300 a 3.000 euros. Además de ordenar a la Consellería de Interior que los Mossos d’Esquadra retiraran los símbolos.
El fiscal superior Francisco Bañeres afirma que “no puede quedar enmascarada” la negativa de Torra de cumplir con la orden de la JEC por sustituir esos símbolos por otros ni por acudir entonces a órganos diferentes a la JEC (Torra pidió un informe al Síndic de Greuges).
La Fiscalía General del Estado recibió el expediente de la JEC donde se detalla el “incumplimiento consciente y reiterado” de Torra a lo largo de diez días de los acuerdos de la Junta de 11 y 18 de marzo de 2019, aportando a su vez las comunicaciones enviadas al president. Posteriormente, el informe fue enviado a la Fiscalía Superior de Cataluña “a fin de que, una vez tenga conocimiento de todas las actuaciones, se proceda a ejercitar acciones penales, interponiendo la correspondiente querella”.