Con 348 votos a favor, 274 en contra y 36 abstenciones, queda prácticamente finalizado el trámite legislativo de la propuesta iniciada en 2016 en el Parlamento Europeo. Solo quedaría pendiente la adopción formal del texto por el Consejo de la UE. Por su parte, los países tendrán un máximo de 24 meses para trasladar los cambios a su legislación nacional.

La normativa pretende facilitar la negociación de acuerdos más ventajosos de remuneración por el uso de sus obras en plataformas de internet a los titulares de derechos, centrándose sobre todo en músicos, intérpretes, guionistas y editores de noticias. Para lograrlo, las plataformas serán las responsables directas del contenido que alojen, deberán hacer todo lo posible por encontrar al autor y pedirle su permiso, sino tendrán que proceder a retirar el contenido.

Otro de sus objetivos sería el de garantizar la libertad de expresión en internet. Compartir fragmentos de artículos de noticias queda excluido de la directiva, aunque se incluyen disposiciones para evitar que los agregadores de noticias abusen de ello. Por tanto, podrán compartirse en Facebook, por ejemplo, siempre y cuando esta sea muy breve.

También quedarían protegidas aquellas obras cuyo propósito sea el de citar, criticar, reseñar, caricaturizar, parodiar o imitar, incluyendo así los famosos memes o GIF.

Centrándonos ahora en los autores e intérpretes, estos podrán reclamar una remuneración adicional al distribuidor que explote sus derechos cuando el acuerdo original les reporte unos ingresos desproporcionalmente bajos en comparación con los que obtiene el distribuidor.

Al no ser considerados responsables del contenido subido a la red por los usuarios, las actuales compañías de internet poseen pocos incentivos para firmar acuerdos justos con los titulares de derechos. Únicamente están obligados a suprimir aquel contenido que infrinja la legislación de derechos de autor cuando el titular de ellos lo solicite. Aun así, el proceso no garantiza una remuneración justa a los titulares.

El hecho de hacer a las empresas responsables sobre el contenido hará que aumenten las posibilidades de los titulares de derechos de asegurar acuerdos de licencia justos, consiguiendo así una remuneración más justa por la explotación de sus obras en internet.

Pese a que la complejidad de la reforma ha llegado a suponer divisiones dentro de los diferentes grupos parlamentarios a la hora de votar, en el caso de los eurodiputados españoles ha sido respaldada por los miembros del PP, PSOE, Cs y PDeCAT, mientras que EQUO, ICV, Podemos e IU han votado en contra.

Axel Coss, ponente parlamentario del texto, ha hecho referencia a la nueva normativa como un “paso importante para corregir una situación que ha permitido a unas pocas compañías ganar enormes sumas de dinero sin compensar adecuadamente a los miles de creativos y periodistas de cuyo trabajo dependen”.

Coss también ha querido agradecer el hecho de que el texto aprobado preste especial atención a las nuevas start-ups, a las que considera las “empresas líderes del mañana, cuya diversidad depende de contar con un amplio grupo de compañías innovadoras, dinámicas y jóvenes”. Además, no afecta a las contribuciones a enciclopedias en línea sin objeto comercial, como el caso de Wikipedia, ni a plataformas de software de código abierto, como GitHub.

El ponente alemán ha concluido señalando que la nueva ley aprobada “protege el sustento de las personas, salvaguarda la democracia al defender un panorama mediático diverso, refuerza la libertad de expresión y fomenta la creación de empresas y el desarrollo tecnológico”.

Por su parte, Andrus Ansip, vicepresidente de la Comisión Europea responsable de Agenda Digital, ha querido hacer pública su opinión mediante su cuenta en Twitter: “Es un gran paso adelante. Acaba con la fragmentación y es un paso clave para completar el Mercado Único Digital. Por primera vez, la Unión Europea tiene reglas comunes claras sobre la explotación del patrimonio cultural, datos y textos”.

También se ha manifestado Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo, asegurando que el acuerdo es una prueba de que la institución “defiende la creatividad y los empleos”.

Por el contrario, no todas las reacciones han sido positivas. Google asegura que la nueva normativa sobre el copyright mejora la reforma, pero aun así considera que persisten las “inseguridades jurídicas” y aseguran que “perjudicará a las economías creativas y digitales de la UE”.

El acuerdo también ha sido tachado de “nefasto” por parte del eurodiputado de EQUO Florent Marcellesi, quien ha afirmado que llevará una “menor pluralidad” en internet, por lo que ha solicitado anular el trámite.

Ernest Urtasun, de ICV, ha señalado que se trata de un “duro golpe” para la libertad en la red, ya que esto obligará a las plataformas a utilizar unos filtros de cargas que “llevarán al bloqueo más frecuente de contenidos legales e impedirá el desarrollo de plataformas pequeñas”.

También declararon en contra durante la negociación los Países Bajos, Luxemburgo, Polonia, Italia y Finlandia, asegurando que la reforma representa un “paso atrás” en el Mercado Único.