El 90% de la población española está concentrada en el 30% del territorio y un puñado de ciudades acumulan más de la mitad de los habitantes del país. Es la despoblación y va en aumento: comunidades autónomas como Asturias continúan perdiendo residentes. Es un problema que intenta abordarse de manera institucional, pero no se libra de ser utilizado en periodo electoral. Estos son los últimos movimientos de los partidos y de la sociedad civil, que ha convocado una manifestación en Madrid para este domingo.
· Este domingo, más de 70 asociaciones se han adherido a una manifestación en Madrid para visibilizar la "España vaciada"
Desde hace décadas, la distribución de la población en España está muy desequilibrada: vastas zonas del interior tienen muy pocos habitantes mientras que las grandes ciudades acumulan cientos de miles. Los datos permiten hacer comparaciones impactantes con facilidad: toda la provincia de Soria (88.600) no suma más habitantes que Las Rozas (95.550), un solo municipio al oeste de Madrid, según datos del INE de 2018.
Pero no es solo una cuestión estática: la pérdida de población no cesa, es un goteo constante que desespera a los habitantes de la ya conocida como "España vacía". Las comunidades autónomas que más habitantes perdieron el año pasado son Castilla y León, Asturias, Extremadura, Aragón, Galicia, Castilla La-Mancha y La Rioja, según datos presentados por Europa Press. Quienes viven en sus municipios protestan por el difícil acceso a servicios públicos básicos como sanidad y educación, y también a otros como Internet.
La "España vaciada" se manifiesta en Madrid
Este domingo, día 31, hay convocada una protesta en Madrid para defender a "la España vaciada". Desde la organización Teruel Existe, una de las convocantes, han confirmado que se habían adherido a la protesta 71 asociaciones a fecha de 20 de marzo. Los manifestantes reclamarán al Gobierno central y a los autonómicos más inversiones en infraestructuras de transporte y comunicaciones, fondos europeos y fiscalidad especial, entre otras exigencias.
Otra de las asociaciones convocantes, Soria Ya, lleva activa desde el año 2000. Aseguran que son un movimiento "ciudadano, plural e independiente de cualquier partido político", no obstante, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera ha afirmado que asistirá, y el PSOE de Aragón anunció la semana pasada que estará presente una "nutrida representación" del partido en la protesta. De hecho, como señaló el secretario de Organización del PSOE en la comunidad, Darío Villagrasa, este domingo había prevista una visita de Sánchez a Zaragoza, pero la han pospuesto con motivo de la protesta en la capital. También el presidente del Partido Aragonés (PAR), Arturo Aliaga, afirmó que "encabezará una delegación de cargos públicos y orgánicos" del partido.
Ciudadanos pide un Plan Nacional y bajar impuestos
Rivera propuso la semana pasada un Plan Nacional contra la Despoblación. Aseguró que se trata de un "asunto de Estado" y que quiere "impulsar" el Plan junto con comunidades autónomas y municipios, pero que "entiendan" el "liderazgo" del Gobierno central en la materia.
En el paquete de medidas, que Rivera repitió ayer en un acto con su cabeza de lista al Congreso por Guadalajara, María Ángeles Rosado, destacan: bajar un 60% el IRPF a habitantes de zonas despobladas, crear una tarifa plana de 30 € para mujeres autónomas del mundo rural y suprimir el impuesto de sucesiones a las explotaciones agrarias.
El propio fichaje de Rosado tiene también relevancia electoral: la nueva candidata es agricultora, hija y nieta de agricultores, y vive en Sayatón, una localidad guadaljareña de 86 habitantes.
PSOE y PP: Castilla y León, Castilla-La Mancha y Aragón
Entre las autonomías más afectadas, Castilla-La Mancha y Aragón están gobernadas por el PSOE, mientras que en Castilla y León gobierna tradicionalmente el Partido Popular. El pasado noviembre, la consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, Milagros Marcos, pidió a Europa que se creara un fondo adicional para impulsar la actividad de regiones con problemas de despoblación.
Es una petición también elaborada por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que en noviembre reclamó a la Comisión Europea que destinara fondos comunitarios específicos para frenar este problema y, con vistas a la próxima Política de Cohesión, se priorizaran recursos para zonas afectadas. En el mismo mes, el vicepresidente, José Luis Martínez Guijarro, aseguró que el PSOE regional se ha marcado como "reto fundamental" para la próxima legislatura --que comenzará tras las elecciones del 26 de mayo-- "sentar las bases" para combatir la despoblación.
A nivel nacional, el PP propuso en febrero "100 medidas contra la despoblación". Se trata de la aportación de los "populares" a la búsqueda del consenso institucional que persiguen los partidos en el Senado para combatir el invierno demográfico, un problema ligado también al de la despoblación. Entre las medidas destacan las de apoyo a la maternidad y extender la conectividad a Internet.
Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comenzado hoy una ruta por las provincias de Segovia y Salamanca en la que apoyará a candidatos socialistas y asistirá a actos institucionales como jefe del Ejecutivo. Entre ellos, esta mañana ha inaugurado el Foro de la Organización Mundial de Turismo en el Parador de Segovia, que este año está centrado en la despoblación.
Podemos propone una renta mínima
El portavoz de Podemos en las Cortes de Castilla y León, Pablo Fernández, propuso a principios de marzo una renta rural de despoblación equivalente al salario mínimo interprofesional para jóvenes mayores de 16 años, que no tengan ingresos y que vivan en municipios de menos de 1000 habitantes, tal y como recogió la Agencia Efe.
Ya en diciembre del año pasado el diputado del grupo confederal de Podemos en el Congreso Pedro Arrojo pidió en un vídeo en Youtube que se "reactive" la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural. Una "buena ley" que, aseguró, está bloqueada presupuestariamente por PP y Ciudadanos. La Ley, contaba Arrojo, también contempla medidas de "discriminación fiscal positiva", entre otras.