Casado y Rivera están llegando al ridículo de plantear denuncias preventivas ante la Junta Electoral Central o pedir informes sobre lo obvio a los letrados del Congreso de los Diputados. Pretender que la Junta Electoral prohíba al Gobierno celebrar las tradicionales ruedas de prensa de los viernes “por si acaso”, o reclamar a los servicios jurídicos del Parlamento un informe sobre la posibilidad de tramitar los decretos leyes como proyectos de ley, tal y como faculta el Reglamento del Congreso, resulta absurdo por completo.

¿Qué cabe decirles? Primero, que deben de andar parcos de argumentos contra las políticas del Gobierno cuando tan solo denuncian las formas de sus decisiones. Segundo, que aprobar decretos leyes forma parte de las prerrogativas que la Constitución atribuye al Gobierno, incluso con las Cortes disueltas. Y tercero, que el Gobierno va a gobernar, como es su derecho y como es su deber, mejorando la vida de los españoles y las españolas hasta el último día.

Si entendieran que la Constitución contiene algún artículo más, aparte del 155, podrían asumir incluso que la valoración sobre la pertinencia o impertinencia de un decreto ley la ejercen los españoles y españolas representados en el Congreso, bien en el pleno o bien en la Diputación Permanente. Y que solo el Tribunal Constitucional puede juzgar esta decisión.

La gran paradoja del momento consiste en que sean precisamente PP y Ciudadanos las formaciones que pretendan denunciar la supuesta instrumentalización de las instituciones por parte del Gobierno y el partido socialista. Porque la realidad demostrable es que han sido estos dos partidos, que forman mayoría en la Mesa del Congreso de los Diputados, los que han mal utilizado fraudulentamente tal institución al servicio de sus propósitos políticos y electorales.

La realidad es que la Mesa del Congreso, en manos de PP y Ciudadanos, ha subvertido el carácter técnico que nuestro ordenamiento constitucional atribuye a este órgano, para convertirlo en un arma política contra la mayoría de los españoles y españolas representados en el plenario.

La Mesa presidida por Ana Pastor ha bloqueado la tramitación de más de 50 iniciativas de ley mediante la ampliación continuada y fraudulenta de los plazos para presentar enmiendas. Han sido iniciativas, todas ellas, tomadas en consideración por la mayoría de españoles y españolas representados en el pleno. ¿Ejemplos? El derecho a la eutanasia; la obligación de registrar el horario de trabajo para evitar la explotación; o el fin del plazo limitativo para la instrucción judicial de los casos de corrupción.

La Mesa presidida por Ana Pastor permitió el bloqueo por parte del anterior Gobierno del PP de más de 60 iniciativas de ley mediante el veto presupuestario, en aplicación fraudulenta del artículo 134.6 de la Constitución. Nada más tomar posesión el Gobierno socialista, se levantaron estos vetos.

La Mesa presidida por Ana Pastor bloqueó la tramitación de la reforma legal que posibilitaba una nueva senda de déficit para el proyecto presupuestario de 2019. Con su negativa a someter la tramitación directa de esta reforma en el pleno y con su desautorización sin precedentes de las decisiones de la Mesa de la Comisión de Justicia, la Mesa impidió que se aprobara una nueva senda con 6.000 millones de gasto extra para que las administraciones mejoraran las condiciones de vida de la ciudadanía.

La Mesa presidida por Ana Pastor ha hecho uso abusivo de su capacidad para decidir las fechas de convocatoria de las propias reuniones de la Mesa y la Diputación Permanente, favoreciendo en muchas ocasiones los intereses parciales de PP y Ciudadanos. Llegaron al punto de convocar un pleno del Congreso para votar el nombramiento de la administradora de RTVE el último viernes de julio de 2018, en plena operación salida de vacaciones, con riesgo de ausencia de diputados y diputadas por los problemas de transporte.

La Mesa presidida por Ana Pastor y el Gobierno del PP han recibido hasta cuatro sentencias condenatorias del Tribunal Constitucional por su actuación sectaria y contraria a derecho. Todas ellas lo fueron por el abuso del veto presupuestario a las propuestas de ley del Grupo Socialista y del Grupo de Unidos Podemos. Los socialistas nos hemos visto obligados a presentar otros dos recursos de amparo, por sus obstáculos a la tramitación de la reforma de la ley presupuestaria, y por el bloqueo en la tramitación de la ley de memoria histórica, ampliando los plazos de enmienda de manera arbitraria.

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