El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado un decreto ley en el que se recogen varias medidas sociales entre las que destaca la recuperación del subsidio para mayores de 52 años (ahora estaba en los 55), el registro por parte de las empresas de la jornada laboral para que se controlen las horas extra, las bonificaciones para la contratación de parados de larga duración, la recuperación de las cotizaciones de cuidadores no profesionales y el aumento de las cuantías no contributivas de las prestaciones familiares por hijo.

La modificación de la edad desde los 55 a los 52 años para acceder al subsidio beneficiará a más de 115.000 personas, como ha explicado la ministra Magdalena Valerio, y también a otras 266.000 personas que pasarán a cotizar el 125% de la base mínima de cotización. La titular del Ministerio de Trabajo ha relatado también que se ha aprobado que las personas con contratos a tiempo parcial también cobrarán la totalidad del subsidio como si trabajasen a tiempo completo, una medida que afecta a alrededor de 380.000 personas.

El subsidio para mayores de 52 años es una ayuda de 430 euros mensuales que se percibe hasta que el trabajador alcanza la edad de jubilación y accede a una pensión contributiva.

El real decreto ley aprobado en este Consejo de Ministros modifica también el Estatuto de los Trabajadores para que a partir de ahora las empresas tengan la obligación de registrar la jornada de sus trabajadores. Esta medida está pensada para que se pueda tener un mayor control de las horas extras, que muchos trabajadores realizan sin percibir una remuneración. Las empresas deberán guardar esos registros durante cuatro años y permanecerán a disposición de los trabajadores. Las empresas tienen dos meses de plazo para implantar la medida.

Otra de las cuestiones que se ha aprobado por parte del Ejecutivo ha sido la recuperación de la cotización a la Seguridad Social de los cuidadores familiares de personas dependientes. Y también la reducción de la cotización de los trabajadores agrarios por cuenta ajena con el objetivo de minimizar el impacto de la subida del SMI.

Estas medidas que el Gobierno está aprobando en los últimos meses y que se dan a conocer en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros no están exentas de polémica. La oposición quiere acabar con lo que ya se conoce como los ‘viernes sociales’ acusando al Ejecutivo de electoralista.

Por eso, esta misma semana el Partido Popular solicitaba a la Junta Electoral Central que se prohíba la celebración de la rueda de Prensa posterior al Consejo de Ministros. Este lunes se conocerá la respuesta de la JEC que no tiene visos de prosperar.