El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido poner fin a cualquier tipo de violencia contra niñas, niños y adolescentes, ya sea perjuicio o abuso físico, psicológico o emocional, agresiones o abusos sexuales, e incluso aquella realizada por medio de tecnologías de la información y la comunicación. De esta forma se quiere proteger a los menores y convertir la infancia en un bien colectivo de especial protección, tal como indica la Ley.

El proyecto incluye una nueva norma que establece el deber de cualquier persona que advierta una situación de desprotección, riesgo o violencia sobre un menor a comunicarla ante la autoridad competente.

La trata y los delitos sexuales también se contemplan, indicando una condena con inhabilitación para cualquier profesión u oficio que suponga contacto regular o directo con menores.

Además, contempla la modificación del Código Penal, ampliando de forma muy relevante el plazo de prescripción de los delitos más graves contra los menores(el inicio del cómputo del plazo para su prescripción comienza cuando la víctima cumple los 30 años, actualmente comienza a contar a partir de los 18 años); el endurecimiento de las condiciones de cumplimiento de los condenados por agresiones sexuales a menores, que no podrán acceder a los permisos penitenciarios o al tercer grado hasta que hayan cumplido la mitad de la pena; o la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que permite al juez retirar contenidos ilícitos de páginas web como medida cautelar durante la investigación del caso.

Plan Nacional de Alzhéimer

La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, ha informado también del Plan Nacional de Alzhéimer 2019-2023, pendiente de finalizar su redacción, el cual recogerá objetivos y medidas para mejorar el diagnóstico de la enfermedad y la atención tanto de las personas afectadas como de sus familiares cuidadores.

Para lograr este objetivo, Carcedo ha querido destacar la importancia de concienciar y sensibilizar a la sociedad. Solo de esta manera se podría prevenir su aparición, mejorar su diagnóstico y tratamiento, fortalecer el sistema de atención al enfermo y su cuidador y apostar por la investigación, innovación y conocimiento.

Otro de los objetivos del Plan será tratar de frenar el impacto económico y social de dicha enfermedad, apoyar a familiares cuidadores a través de sistemas como la Seguridad Social, la vivienda o el ámbito laboral.

Distribución de créditos

Por otra parte, tanto el Ministerio como las Comunidades Autónomas han acordado mantener los criterios de reparto de créditos procedentes del Estado para el 2019. Fondos obtenidos con la recaudación del 0,7% del IRPF. El 80,44% de dichos fondos se reparten entre las CCAA, Ceuta y Melilla, que a su vez lo destinan a la financiación de programas de interés social, dirigidos a la atención de la pobreza y la exclusión social.

Se espera que la certificación definitiva del Ministerio de Hacienda certifique a través de la Declaración de la Renta en 2018 –correspondiente a 2017– supere la del ejercicio anterior, que ascendió a 251.971.360 millones de euros.

Las Comunidades Autónomas han pactado recibir, al menos, la misma cuantía que en 2018, y que el incremento respecto a esta cantidad se distribuirá según el criterio acordado en julio de 2018.

Carcedo ha anunciado la próxima consolidación de la partida de 5,2 millones de euros que el pasado verano se destinó al programa Vacaciones en Verano, Seguir Aprendiendo (VECA), con el que niños y niñas en situación de vulnerabilidad económica pudieron disfrutar de actividades de ocio y de una alimentación sana y equilibrada. También ha anunciado la reordenación que se llevará a cabo del crédito de atención a la pobreza infantil y las prestaciones básicas de servicios sociales, incrementando la dotación destinada al Plan Concertado.

Nuevo sistema de información de servicios sociales

La ministra también ha informado del proyecto de Real Decreto con el fin de regular el Sistema de Información Estatal de Servicios Sociales (SIESS). Su objetivo es el de normalizar, integrar y organizar la información disponible de servicios sociales en las Comunidades Autónomas, además de la distribución de la información de la manera más conveniente.

Con este nuevo sistema se podrán conocer las características básicas de los usuarios de servicios sociales, las prestaciones y servicios que reciben o porqué acuden a servicios sociales. Así, podrán identificarse también las necesidades de los ciudadanos en relación con los servicios sociales, las prestaciones y servicios de que disponen y la cobertura en cada territorio. Permitirá conocer la opinión de las personas sobre el funcionamiento de dichos servicios y prestaciones. Por último, se conocerá también la inversión de las administraciones en materia de servicios sociales y su financiación.

Con este sistema será posible la interoperabilidad entre los diferentes sistemas que interactúan con los servicios sociales, tales como Empleo, Salud, Comunidades Autónomas o Ayuntamientos, consolidando una Red Pública de Servicios Sociales.

Inclusión del pueblo gitano

Carcedo ha comunicado también que las Comunidades Autónomas están elaborando un informe de los progresos del 2018 referente a la Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana en España 2012-2020. Dicha estrategia contó con la colaboración de las comunidades autónomas, ministerios de la Administración General del Estado, entidades sociales del Consejo Estatal del Pueblo Gitano y otras entidades y organismos, e incluye medidas concretas en Educación, Empleo, Vivienda y Salud. Incorpora, además, otras cinco líneas de actuación: Inclusión social, Igualdad y violencia de género, No discriminación y antigitanismo, Cultura, y Ciudadanía y participación.

Ha adelantado que la próxima jornada anual sobre el pueblo gitano se celebrará en otoño en Oviedo. Estará organizada en colaboración con las Comunidades Autónomas y el Consejo estatal del Pueblo Gitano, y se centrará en Salud y Población Gitana.

Pobreza y exclusión

Se ha informado también sobre la nueva Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social 2019-2023, la cual aún se está ultimando, pero que integrará pilares básicos de protección como son el empleo, la educación y la formación, la vivienda, la sanidad, dependencia y discapacidad y las prestaciones sociales. El objetivo se centrará en aspectos como la pobreza y la desigualdad, la inversión en jóvenes y otros grupos vulnerables, la protección social y la eficacia de las políticas.

La citada Estrategia tratará de avanzar hacia un sistema de ingreso mínimo vital, dar prioridad a las familias monoparentales, además de contemplar medidas fiscales como la excepción de la donación de alimentos en el IVA. También propone incentivar la contratación de personas con más dificultades de acceso al empleo.