España prevé aprobar un proyecto de ley que protegerá a los residentes británicos en nuestro país si se produjese un Brexit duro. Los 400.000 británicos asentados en territorio español recibirían nuevos permisos de residencia hasta que pudiesen resolver la situación con el Reino Unido. Junto a ese texto, el Gobierno tiene previsto aprobar también en esta sesión la equiparación de permisos de maternidad y paternidad. También se firmará un nuevo decreto sobre alquileres.

El proyecto de ley no deja muy claras muchas cuestiones. Por ejemplo, qué ocurrirá con los vuelos de Iberia entre una ciudad y otra de la UE si la matriz (IAG) es considerada repentinamente una sociedad controlada por accionistas extracomunitarios. Sin embargo, deja claro que quienes no hayan obtenido sus registros antes de la retirada británica mantendrán su residencia legal hasta resolver su situación. Todos deberán pedir, antes de enero de 2021, la llamada tarjeta de identidad de extranjero, que acreditará “de manera definitiva” su residencia legal en España.

Dependiendo de si se tiene o no la residencia permanente, el procedimiento será automático o requerirá más tramites. Actualmente existen 300.000 personas legalmente registradas, pero el ejecutivo central calcula expedirán documentos aproximadamente para 400.000 personas. Es de esperar que muchas de las que ahora no tienen oficializada su situación decidan formalizarla cuando el paraguas común de la UE deje de protegerlas.

Trabajadores transfronterizos

El Gobierno se centra, así, en garantizar los derechos de los británicos que trabajan en España. Asimismo, desde el ejecutivo central confían en que se aplique el concepto de reciprocidad para garantizar los derechos de alrededor de 9.000 personas del Campo de Gibraltar que trabajan en el Peñón. Como condición ecuánime para que se protejan los derechos de los británicos afincados en España, Reino Unido “estará sujeto a que los trabajadores fronterizos españoles reciban un trato equivalente”.

Los empleados públicos británicos que accedieron a la Administración española por ser ciudadanos europeos podrán mantener sus puestos. En el ámbito empresarial, se intenta prolongar igualmente el escudo de la UE, al menos en las actividades ya en marcha (por ejemplo, en contratación pública). Las sociedades británicas podrán seguir operando, siempre que estuvieran operando ya en España antes de la retirada. En cuanto al comercio, si se produjese la salida el día 30 de marzo, el Gobierno podría adelantar unos días antes los nuevos requisitos de aduanas.

El objetivo es evitar que se den demasiadas normas o reglas después de la salida de Reino Unido. Si se retira de la UE de manera descontrolada, Reino Unido abandona inmediatamente el mercado único y sus productos en frontera pasan a ser los de un país tercero.

Todo lo contemplado en ese decreto se aplicará también a los ciudadanos y a las empresas británicas en Gibraltar. Tal y como se menciona a lo largo del proyecto, el objetivo es “proteger los intereses españoles, en particular los del Campo de Gibraltar”. Todas estas medidas son transitorias. Una vez que los países que tienen vínculos con Reino Unido vean que medidas aplica será cuando se articule una nueva relación.