El Congreso, con la aprobación de todos los grupos parlamentarios, ha aprobado la subida de la pensión a los huérfanos de víctimas de violencia de genero. En concreto, la prestación pasará de 140 euros a 600 al mes. El texto plantea tres enmiendas del Partido Popular, ratificadas en el Senado y aprobadas en la Cámara Alta, y la ratificación de la ley, que deberá ser publicado en el Boletín Oficial del Estado para su posterior entrada en vigor.
La subida de la pensión de orfandad para víctimas de violencia de género ha sido celebrada tanto por el gobierno como por las asociaciones y las propias familias. La proposición de Ley ha sido secundada por todos los grupos parlamentarios, viendo como fundamental esta ayuda, ya que hasta ahora los familiares de estos huérfanos se tenían que hacer cargo de ellos sin ningún tipo de ayuda del Estado.
Una vez entre en vigor, podrán acogerse a la pensión de orfandad los hijos de las víctimas oficiales de violencia de género, es decir, las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. La norma tendrá carácter retroactivo desde 2004, año en el que se aprobó la Ley Integral contra la Violencia de Género. En concreto, recibirán esta cuantía si en el momento del asesinato eran menores de 21 años o están incapacitados para el trabajo, aunque se podrán mantener hasta los 25 años cuando estén estudiando o no tengan recursos.
Independientemente de que la madre víctima de violencia de género haya cotizado o no, su hijo percibirá una pensión mínima de 600 euros. Es decir, da igual que la víctima haya cotizado o no a la Seguridad Social, ya que la pensión se financiará a través de los Presupuestos. Según explicó el PSOE, impulsor de esta reforma, "lo mínimo" que puede recibir un huérfano de la violencia de género serán 600 euros. Mientras, la pensión de aquellos cuya madre sí cotizaba sí dependerá del sueldo de ésta. En este caso, los socialistas han calculado que la media estará alrededor de los 800 euros.
Entre las enmiendas del PP que plantea la Ley, la secundada por la mayoría del Senado fue la de incluir a los hijos de funcionarias de clases pasivas (aquellas que se mantienen en ese sistema desde antes de 2011). La otra enmienda fue la petición al Gobierno para que, en un plazo máximo de tres meses, realice un estudio para analizar otros casos de orfandad. Por ejemplo, se plantearía añadir a huérfanos que se encuentran en la situación por diversas causas.
Desde la oposición, sobre todo el Partido Popular, consideran que esta enmienda es la más importante. En este sentido, la diputada popular Mar Cotelo ha puesto el foco en la necesidad de que en la próxima legislatura se mejore la situación del resto de huérfanos a los que, a su juicio, el Gobierno de Pedro Sánchez y "sus socios" han dejado "desamparados". "Estamos moderadamente satisfechos, impotentes y enfadados con nosotros mismos", ha sentenciado la diputada del PP, que considera que existen “huérfanos de primera y de segunda”.
El PP no ha sido el único en considerar que la Ley debe mejorarse en algunos aspectos. Desde Unidos Podemos, la diputada Ángela Rodríguez ha declarado que, pese a votar a favor, "hay agravio comparativo" en lo que respecta a la reparación del daño de estos huérfanos y, por ejemplo, los huérfanos por terrorismo, que reciben una pensión más elevada. Asimismo, ha hecho hincapié en que solo recibirán la pensión los huérfanos de víctimas oficiales asesinadas por sus parejas o exparejas.
La diputada de Ciudadanos, Marta Martín ha dicho que desde el partido de Albert Rivera seguirán trabajando para que los huérfanos "puedan mantener esas pensiones de orfandad porque son necesarias", independientemente de que sean adoptados por sus familiares o no.