Como concejala del Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís estaba obligada a declarar sus cargos mercantiles, tal y como establece el artículo 8.1 h) de la Ley de Transparencia y el 75.7 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL). La ahora candidata de Ciudadanos a la alcaldía de la capital habría ocultado durante tres años la sociedad patrimonial y profesional que administraba junto a su marido, el abogado Antonio Suárez-Valdés, registrada con el objeto social de “asesoramiento jurídico a toda clase de personas, tanto físicas como jurídicas” y la “construcción, promoción, rehabilitación, compraventa y arrendamiento de todo tipo de bienes inmuebles”.

El diario ABC ha desvelado que Villacís fue administradora solidaria de la citada sociedad desde febrero de 2007 hasta marzo de 2018, algo que no reflejó en sus declaraciones de 2015, 2016 y 2017, lo que se puede comprobar en el portal de transparencia municipal.

La propia candidata a la alcaldía de Madrid se ha defendido argumentando que durante los años que fue concejala no hizo ni firmó “nada” en nombre de la sociedad, pero no fue hasta el año pasado cuando reconoció ser administradora de la empresa e informó de su cese.

Intentó poner todo en orden antes de las elecciones

Suárez-Valdés inscribió en el Registro Mercantil una declaración de unipersonalidad de la sociedad. Lo hizo solo dos días antes de las elecciones municipales, el 22 de mayo de 2015. Sin embargo, Villacís continuó como administradora solidaria, lo que le obligaba a comunicarlo en su declaración de bienes y actividades.

La abogada cesó de su cargo hace menos de un año, el 26 de marzo de 2018. Ya en la última declaración de bienes incluye por primera vez la existencia de Iuriscontencia, donde señala que cesó en septiembre de 2011, pero aclara que el 21 de marzo de 2018 compareció “ante notario para materializar el cese que de hecho ya se había producido para su elevación a público”. Un día antes, el digital El salto informaba que continuaba como administradora de la sociedad y que asesoró al sindicato Unión de Policías Municipales (UPM) para iniciar un proceso penal contra la edil de Ahora Madrid, Rommy Arce, lo que suponía un conflicto de intereses, aunque se defiende diciendo que “no sabía que estaba dada de alta”.

Villacís consiguió en los últimos comicios 7 de los 57 escaños que componen la Cámara madrileña y conoce a la perfección todos los trámites que debía seguir, ya que hay que recordar que no solo es licenciada en Derecho, si no que fue abogada de la asesoría jurídica de Legálitas como responsable de las áreas de derecho tributario, laboral y mercantil.

A vueltas con la transparencia

Precisamente, la transparencia es uno de los resortes de Ciudadanos, “la base de la confianza” de sus votantes, como reza la web de la formación. También Villacís basó su campaña en tachar al Ayuntamiento madrileño de que su mayor problema era “la transparencia”, algo que la todavía candidata a la alcaldía demandaba “porque a ella va ligado todo lo demás: la contratación pública, los gastos superfluos, el IBI... Si las paredes del Ayuntamiento son de cristal, todo viene detrás”.

Asimismo, Albert Rivera se ha mostrado del todo exigente con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando pidió por ejemplo la comparecencia de Nadia Calviño por haber utilizado una sociedad instrumental para adquirir una vivienda en el barrio madrileño de Mirasierra. A diferencia del dirigente socialista, el líder de Ciudadanos nunca se ha decantado por echar de su partido a los miembros que emplearan este proceso para eludir impuestos, sin embargo, la maquinaria de la formación naranja se ha puesto en marcha de cara a las primarias que celebran a comienzos de marzo para elegir a los candidatos locales y regionales. Y es que, hasta ahora, Begoña Villacís es la única candidata de Ciudadanos en la capital.