Este proceso judicial se sitúa al mismo nivel mediático que el macro juicio del 23F, el caso Gal, la consulta del 9-N, o los atentados yihadistas del 11-M. El Tribunal Supremo está juzgando los acontecimientos sucedidos en Cataluña durante las fechas del 20 de septiembre del 2017, el 1 de octubre, y días posteriores en que el Govern de Puigdemont hizo una Declaración Unilateral de Independencia haciendo saltar por los aires los principales resortes de la Ley, el Estatuto y la Constitución. Oriol Junqueras, vicepresidente de la Generalitat, nueve consejeros y 2 dirigentes de la sociedad civil catalana se enfrentan a penas de entre siete y veinticinco años de cárcel. Por otra parte, el principal impulsor de la desobediciencia, el ex presidente Carles Puigdemont, y otros dirigentes catalanes, se dieron a la fuga y se encuentran entre Bélgica y Suiza, viviendo la vida confortablemente con los dineros de Asamblea Nacional Catalana, según ellos mismos aseguran, o quizá con los de todos los catalanes. Estos hechos están en el sumario que investiga todo lo referente al procés.

El Gobierno socialista de Pedro Sánchez, tras alcanzar el poder en junio del 2018, gracias a una moción de censura motivada por las sentencias múltiples de corrupción a altos dirigentes políticos del gobierno de Rajoy, y finalmente a todo el PP, consiguió el apoyo de 180 diputados, de los 350 del Congreso. Con ello, a pesar de poseer sólo 84 escaños propios, hubiera podido gobernar con total legitimidad y holgura si no fuera porque desde entonces, tanto Ciudadanos y PP, dirigidos por Rivera y Casado, un ultraliberal con piel de cordero el uno, y un cachorro aznariano retro y ultra, el otro, se empeñaron a fondo en "crispar la sociedad acusando sin descanso al presidente del Gobierno de ilegítimo, de felón, de miserable, okupa". Toda una sarta de ofensas grossas e intolerables que a su vez jalea y multiplica permanentemente una prensa irresponsable entregada a la derecha por encima de la falsedad, fake news, bulos, tergiversación y sordera.

Desde el minuto cero, el presidente Sánchez abogó por iniciar el diálogo con los dirigentes independentistas catalanes de los partidos de PdCat y ERC para buscar un acercamiento de posturas que terminaran con el delirio secesionista. Un diálogo que la derecha, capitaneada por Casado, Rivera y Abascal, de la extrema derecha, han pretendido vender como capitulación ante el secesionismo y traición a España.

Presupuestos Generales del Estado

Por si esta crispación no fuera suficiente, quizá el destino, o no, hizo coincidir en esta misma fecha, como decimos, la presentación de los Presupuestos Generales del Estado y el inicio del Juicio al Procés. Ambos acontecimientos se desarrollan separados apenas unos cientos de metros, el uno en el Tribunal Supremo de la Plaza de las Salesas, y el otro, en el Congreso de la Carrera de San Jerónimo, ambos en Madrid. Indistintamente de cómo se desarrolle y lo que en él se diga, la apertura de juicio a los dirigentes independentista por protagonizar lo que se conoce como la desobediencia, rebelión, sedición, o como quiera que los magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo tengan a bien justificar y calificar, sentará un precedente político en España y en Europa.

También, este 12 de febrero ha sido la primera fecha en la que fuentes del Ejecutivo de Sánchez han dado muestras de acelerar la táctica y dar un ultimátum a los independentistas. Suenan tambores de fecha electoral. Unos filtran que será a finales de abril, sin embargo, la ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero, dejó caer en su intervención ante el Congreso que "no tengan tanta ansiedad de elecciones que este gobierno todavía tiene muchas cosas que arreglar". También un par de jornadas antes, el 10 de febrero, la derecha nostálgica del franquismo, el cara al sol, la eucaristía y las sotanas, alzó su voz hasta términos intolerables. El griterío infame de los ultra nacionalistas en que se encuentra la derecha, a la que ahora se añade la extrema derecha de Vox, con un discurso involucionista y cercano a la España del NODO y Franco, lleva ocho meses sin presentar ni una sola propuesta de gobierno, sin debatir ni una sola medida aprobada por el Ejecutivo. El sueldo que todos les pagamos lo gastan en ofender y recordar a los españoles su postura civil: No al aborto, no a las autonomías, no a la emancipación de la mujer, a tener hijos para tapar el desierto demográfico, a minimizar la violencia machista como algo natural, a volver a señalar a homosexuales como enfermos, los pobres que se busquen la vida, (o como diría la hija del castellonense Fabra, otro corrupto PP) "que se jodan", los inmigrantes que se vayan...

Como apostilla de sus insultos, la derecha convocó una manifestación donde Pablo Casado pagó autobuses de toda España para que los ultras, franquistas, nostálgicos de la España de blanco y negro, vinieran a lo que se prometía una macro manifestación en la Plaza de Colón. "Volvieron las banderas victoriosas", eso si, pero izadas por cuatro gatos. Con el despliegue de buses gratis desde todos los rincones españoles, el resultado fueron 45.000 personas, y la foto de Abascal, Rivera y Casado, en el mismo plano con el cara al sol de fondo. Fue algo de vergüenza ajena hasta para los convocantes. Que con ello han dejado sobradamente dibujado su perfil, filofascista, por si hubiera algún español, moderado, progresista y medianamente inteligente, que no se hubiera dado cuenta.

En medio de estos tambores de régimen del pasado y pasadas de frenada de los líderes ultras de la derecha, está transcurriendo este macro juicio que se prevé durará dos o tres meses y que marcará la agenda política de España. Todo parece depender de este juicio porque así lo han querido quienes echan leña "al fuego de la confrontación para conseguir sus objetivos electoralistas", han dicho diferentes miembros del gobierno socialista, entre ellos, uno de los más duros ha sido el de Fomento, Jose Luis Ábalos. Acusando de desleatad gigantesca al Estado y al Gobierno tanto a los protagonistas del procés como a los partidos de derechas. Cada cual con sus objetivos electoralistas. Los primeros, hacer real su imposible sueño de Independencia y sacar a los presos de las cárceles. Y los segundos, echar a Sánchez y aplicar el artículo 155 in eternum. Lo cual, en ambos casos es ilegal.

En la jornada de hoy miércoles, las tres acusaciones personadas, la Fiscalía del Supremo, Consuelo Madrigal, Fidel Cadenal, Javier Zaragoza, y Jaime Moreno; la abogacía del Estado, Rosa María Seoane -jefa de lo Penal- y Elena Sànchez; y la acusación popular de la extrema derecha de Vox, ejercida por Ortega Smith y Pedro Fernández, se estrenan en sus contestaciones a las defensas previas.

En cuanto a la jornada de votación de los Presupuestos Generales del Estado, con el Juicio al Procés en paralelo, la ministra María Jesús Montero, en un alarde de pedagogía, explicó cómo sería muy difícil de entender que los partidos, especialmente PdCat y ERC, no apoyen unos presupuestos que favorecen a Cataluña con inversión y dotaciones de ayudas sociales para facilitar la vida, pensiones, universidad, prestaciones, planes de empleo, subida del salario, etc. A lo que el líder del PP, Pablo Casado, solo ha sabido aportar que "los únicos milagros de recuperación económica históricos, que se estudian en todas la universidades universales, son los de Aznar y Rajoy".

Declaraciones que pusieron en bandeja la contestación de la ministra de Hacienda: "No pensaba decirle esto, pero ya que usted me lo recuerda, le diré que esos dos milagros económicos en el único sitio que acabaron fue el la cárcel".

Por su parte, el diputado Joan Baldoví, del grupo mixto, en un último intento de salvar los PGE, apoyados por Psoe, PNV, Podemos, los mixtos, planteó la posibilidad de aprobar las enmiendas por separado, y no juntas, lo que salvaría los Presupuestos in extremis. Pero se presupone que con la mayoría PP de la Mesa del Congreso, será misión imposible.