Este martes ha comenzado el juicio que dirimirá si los doce acusados por los hechos ocurridos en octubre del 2017 en Barcelona, la celebración del referéndum de independencia y la declaración de dicha independencia, son constitutivos de los delitos de rebelión, sedición, malversación y desacato. Nueve de los doce acusados se encuentran en prisión preventiva desde hace meses y los otros tres están en libertad bajo fianza. Ahora se enfrentan a penas de prisión que van desde los 7 a los 25 años, según solicita la Fiscalía. En la sesión de esta mañana se han discutido las cuestiones previas y los abogados de las defensas han aprovechado para tratar de desacreditar todo el proceso y afirmar que lo que se está produciendo es un “juicio político”. Las defensas han acusado a los jueces de “ir de salvadores de la patria”.
🔴 Encuesta: ¿Está a favor de que les concedan el indulto a los presos catalanes🔴 Los acusados del ‘procés’ catalán se enfrentan a penas de hasta 25 años de cárcel
La Sala Segunda del Tribunal Supremo juzga desde las 10:30 de la mañana de este martes, a los doce líderes independentistas del procés catalán, acusados de diversas causas, desde malversación, desobediencia, sedición hasta rebelión, con penas solicitadas entre 7 y 25 años de prisión. La expectación es máxima. En torno a seiscientos periodistas, al menos doscientos extranjeros, están habilitados para cubrir el juicio, que se espera dure tres meses, para llegar con él finalizado al 26 de mayo, día de las elecciones municipales y regionales.
Los doce acusados pertenecen a los partidos ERC y PdCat, y a las asociaciones civiles catalanas, ANC y Omnium cultura. Se trata de Oriol Junqueras, Raul Romeva, Santiago Vila, Meritxel Borrás, Joaquin Forn, Jordi Cuixat, Dolors Bassa, Jordi Turull, Josep Rull, Jordi Sánchez y Carles Mundó.
Ya en las primeras intervenciones de los abogados de la defensa se ha cuestionado la imparcialidad de los siete magistrados, Manuel Marche, presidente, Andrés Palomo, Luciano Varela, Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Besugo, Antonio del Moral y Ana María Ferrer. El abogado del expresidente de ANC Jordi Sánchez, y de los consejeros Jordi Turull y Josep Rull, Jordi Pina, ha pedido a los miembros del tribunal que “hagan de jueces” y no de “salvadores de la patria” y ha vuelto a denunciar las posibles vulneraciones de derechos fundamentales antes de que se comiencen con los interrogatorios en sí.
Fuera de la Sala, el ruido mediático gira sobre el peso que pudiera tener el hecho de que este miércoles, los partidos secesionistas, ERC y PdCAT, retiren o no, sus enmiendas a los presupuestos del Estado y les dejen vía libre, con lo que el Ejecutivo de Pedro Sánchez podria continuar sin convocar elecciones, con tranquilidad, hasta el fin de la legislatura en 2020. En caso contrario, el Gobierno ya está dejando caer que se acortaría la legislatura, algunas filtraciones han señado incluso el mes de abril.
En el interior del Alto Tribunal los abogados, la fiscalía y la abogacía del Estado presentan las cuestiones previas al proceso. Los abogados de las defensas han aprovechado para desacreditar todo el proceso y afirmar que se está produciendo un ‘juicio político’. Atentos a la palabras de sus representantes, los acusados se han sentado juntos en el banquillo. El único que lleva el lazo amarillo es el líder de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez. El resto de acusados solo lucen un pin institucional como miembros del Govern
El presidente del Tribunal, Manuel Marchena, ha advertido antes de comenzar que cada abogado dispone de media hora para exponer sus alegatos previos. Y en las dos primeras horas, ya tubieron que escuchar las primeras críticas dirigidas hacía el. Alguno de los abogados ha recordado en la sala el mensaje de Whatsapp que el portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, envió a su grupo parlamentario defendiendo la candidatura de Marchena a presidir el Consejo General del Poder Judicial ya que de esa forma el partido tendría “controlada la justicia”.
El abogado de Oriol Junqueras, André Van Den Eynde, ha sido el primero en intervenir en el juicio y ha afirmado que esta causa “atenta contra la disidencia política. Nos encontramos ante un juicio excepcional porque se han producido excepciones que afectan al núcleo duro de los derechos fundamentales”.
Fuera del Tribunal, se han producido protestas de diversa índole. Omniun ha repartido en Cataluña más de 12.000 ejemplares de un diario gratuito en el que lamenta la “vulneración de derechos fundamentales por parte del Estado español” que supone el juicio. Mientras que algunos CDR han intentado cortar la AP-7 y la Gran Vía de Barcelona provocando disturbios y cortes de carretera.
En las puertas del Tribunal, en la madrileña Plaza de las Salesas, se han reunido varios manifestantes con banderas de España y pancartas con caricaturas de los acusados.
Las declaraciones de los responsables de todos los partidos políticos han sido abundantes, empezando por Teodoro Garcia Egea, del PP, que ha convocado una rueda de prensa comenzando con la siguiente frase: "Hoy es un día en el que los políticos debemos permanecer callados," y ha continuado haciendo alegaciones contra la política de diálogo del gobierno de Pedro Sánchez. Carles Puigdemont advertía desde Twitter que el juicio “desenmascarará el montaje que pretende silenciar” a los catalanes. El líder de PNV, Aitor Esteban ha afirmado que hoy se dilucida ante “los ojos” de toda la UE si la justicia española es neutral o no”.
La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha sido muy moderada y sobre todo ha pedido este martes, en declaraciones a Televisión Española, no politizar el juicio y se “deje hablar y actuar a la política”. Y ha querido recordar que los encausados no lo están por sus ideas sino por sus actuaciones “calificadas como delitos muy graves”.