Este martes se inicia en Madrid uno de los juicios más mediáticos e importantes de los últimos años. Los doce detenidos por los acontecimientos del ‘procés’ de independencia de Cataluña comenzarán a ser juzgados por el alto tribunal presidido por Manuel Marchena. No están todos los que protagonizaron los hechos ya que hay siete políticos fugados desde finales del 2017, pero los detenidos se enfrentan a penas de prisión de hasta 25 años, acusados de los delitos de rebelión, sedición, malversación y desobediencia. Se trata del ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras; la ex presidenta del Parlament, Carme Forcadell; los exconsellers Joaquin Forn, Josep Rull, Jordi Turull, Raúl Romeva, Dolors Bassa, Carles Mundó, Meritxel Borrás y Santiago Vila; y los ex presidentes de ANC y Omnium Cultural, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez.
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Más de 500 testigos comenzarán a desfilar desde este martes por la sala del Tribunal Supremo en el juicio del ‘procés’ que dirimirá si los doce encausados en los hechos por declarar la independencia de Cataluña cometieron los delitos de rebelión, sedición, malversación y desobediencia .
Se enfrentan a penas de hasta 25 años de prisión , aunque no a todos se les pide la misma condena ya que se considera que hay niveles de responsabilidad diferentes. Lo que está claro es que se enfrentan a delitos muy graves ya que se les acusa de romper el orden constitucional y las leyes para tratar de declarar la independencia de una parte del territorio español. Todo ello utilizando la fuerza, malversando fondos públicos y desobedeciendo sistemáticamente las resoluciones del Tribunal Constitucional.
En concreto, los siete magistrados que forman el Tribunal presidido por el juez Manuel Marchena, juzgaran dos hechos : Los actos que desembocaron en el referéndum del 1 de octubre de 2017 y la declaración de independencia de Cataluña que se produjo el 27 de octubre del mismo año.
De estos actos se derivan la comisión de cuatro posibles delitos:
REBELIÓN: Alzamiento público y violento que pretende modificar el sistema constitucional, ya sea la Constitución o como es el caso, conseguir la segregación de una parte del territorio español.
SEDICCIÓN: Rebelión menor. Es un alzamiento público y violento, que se diferencia de la rebelión en los fines: busca modificar las leyes.
MALVERSACIÓN: destino de fondos públicos a un fin distinto a los marcados en las normas. En este caso, se considera que el dinero que iba a ser destinado a unos fines, se destinó a la convocatoria y organización de un referéndum.
DESOBEDENCIA: Desobedecer el mandato legítimo de una autoridad o del propio Tribunal Constitucional. En este caso, se desobedeció al Constitucional cuando se pronunció en contra de las normas que quería aprobar el Parlament para conseguir la independencia.
Se prevé que el juicio dure varios meses durante los cuales se llevarán a cabo sesiones de mañana y tarde, de martes a jueves. No se espera que haya una primera sentencia hasta el verano. Eso contando que el proceso oral acabe antes de las elecciones municipales del 16 de mayo ya que, de alargarse mucho, cabe la posibilidad de que se suspenda para no interferir en los comicios.
En este tiempo, más de 500 testigos serán llamados a declarar. Entre ellos se encuentran, el ex presidente del Gobierno, Mariano Rajoy; la ex vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría; el president del Parlament, Roger Torrent; la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; el ex jefe de los Mossos, Josep Lluis Trapero; o el ex secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto. También comparecerán ex altos cargos del Gobierno central, diputados catalanes, funcionarios públicos de la Generalitat, agentes de los Mossos d"Esquadra, miembros de la Guardia Civil, agentes de la Policía Nacional, trabajadores de empresas como Unipost y Artyplan y expertos electorales internacionales, entre otros.
Una de las cuestiones clave de todo el proceso será demostrar o no si hubo uso de violencia en todos los actos a juzgar. Para la Fiscalía y la acusación particular el plan independentista preveía todas las medidas a su alcance, incluso la utilización de la violencia. Para la abogacía del Estado, no está tan claro ese uso de la violencia por eso sus peticiones de penas son sensiblemente menores que las que han pedido Fiscalía y acusación particular.
En el lado contrario, las defensas, intentarán demostrar que los doce acusados son inocentes de los delitos que les imputan. Algunos apuestan por una vía estrictamente jurídica, pero otros añaden alegatos políticos a sus argumentos.
Los jueces del Tribunal son los que forman la Sala Segunda o Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Son siete jueces, presididos por Manuel Marchena que será el encargado de redactar la sentencia. El resto de magistrados son: Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo, Luciano Varela, Antonio del Moral, Andrés Palomo y Ana María Ferrer.
En el siguiente gráfico se detallan los delitos que se imputan a cada uno de los acusados:
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