Este viernes, el Consejo de Ministros estudiará dar a la familia Franco un último plazo de 15 días para proponer un nuevo lugar donde enterrar los restos del dictador. Pasada la quincena, se dará luz verde a la exhumación y se decidirá el lugar de enterramiento.

Que el cuerpo se entierre en la Catedral de la Almudena, como quería la familia, es “imposible legalmente”, según fuentes del Ejecutivo. Recuerdan, además, el informe de la Delegación de Gobierno que señala “evidentes riesgos para el orden público, la seguridad ciudadana y la movilidad”.

El gobierno ha priorizado la voluntad de la familia para volver a inhumar el cadáver de Franco, pero insisten en que si no proponen un lugar legal, que no altere ni el orden público ni la seguridad de la ciudadanía, la decisión pasará a ser del Gobierno. Eso sí, con todos los avales jurídicos que sean necesario y con el “máximo respeto” a los Franco.

El Gobierno cree que la exhumación de los restos mortales del dictador depende de un mandato legal, no de la autorización de la Iglesia ni tampoco de los familiares.

Aún así, sostiene que los Franco no tienen ningún derecho reconocido ni nacional ni internacionalmente para enterrar a su familiar en un lugar determinado, especialmente si se trata de una tumba pública sobre la que no tienen título alguno.

Por otra parte, el Ejecutivo cree que la autorización de la Iglesia compete la inviolabilidad de un templo, el acceso a la propia basílica, pero recuerda que si lo ordena una resolución legal, se tratará de acatar la ley. La solicitud y consecución de la autorización tendrá lugar próximamente en el Consejo de Ministros.