A modo de intermediario, la OADIS recibe consultas, quejas y denuncias de la población que acaban por incidir en la agenda del Gobierno. Todo en materia de discapacidad. La Oficina de Atención a la Discapacidad mostró un crecimiento global del 31,5% durante 2017 con respecto al año anterior. Subtitulos, audiodescripción en terreno audiovisual o accesibilidad en trámites y espacios públicos son las quejas más comunes.
María Luisa Carcedo , ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, ha presentado junto a Jesús Celada , director general de Políticas de Discapacidad, el informe de la Oficina de Atención a Discapacidad (OADIS) 2017 , cuyo objestivo es reducir la desigualdad entre la ciudadanía promoviendo la igualdad de oportunidades, la accesibilidad universal de la población discapacitada y la no discriminación.“España es un referente a nivel internacional en materia de discapacidad” por esta iniciativa, ha señalado Carcedo. La Oficina recibe quejas, consultas y denuncias en materia de desigualdad de la población para luego elaborar el informe anual que se presenta al Consejo Nacional de la Discapacidad, un órgano consultivo interministerial formado por las organizaciones representativas de las personas con discapacidad. Con la información recopilada, la OADIS se encarga de la prevenir la discriminación: recomienda cómo hacerlo y se encarga de su seguimiento. La necesidad de subtitulado adecuado, audiodescripción y lengua de signos en televisión, publicidad y páginas web son el motivo principal de las solicitudes que recibe la Oficina de Atención a Discapacidad. También destacan las quejas sobre la falta de accesibilidad en cuanto al ocio, a los trámites -a veces, tan básicos como pedir cita previa con el médico- o las barreras arquitectónicas del transporte público y los edificios. Desde luego, ningún lujo de más. Carcedo, dando valor a la colaboración ciudadana, ha recalcado cómo algunas de las demandas que OADIS ha recibido “han marcado la agenda de los gobiernos” . Es cierto: el derecho a voto y la capacidad jurídica de personas con discapacidad intelectual, enfermedad mental o deterioro cognitivo o la supresión del término “disminuidos” de la Carta Magna española ya son realidades aprobadas por el Gobierno. DATOS OADIS 2017 2017 reflejó un incremento del 31,5% en el número de expedientes tramitados. 751 en total, 180 más que en 2016. En su mayoría, se acudió a OADIS como fuente de consulta (357) y como plataforma donde establecer quejas (391). Lo menos registrado fueron las denuncias, que solo cuentan con tres casos aislados.
El 73,5% de las comunicaciones se establecieron desde la capital española. Casi la mitad, el 44,5%, aludían a relaciones con la Administración. Otro 21,4% fue a causa de la falta de accesibilidad a espacios públicos urbanizados y edificaciones. Por su parte, las mujeres protagonizaron el 59,3% de las consultas y el 64,4% de las quejas procedían de los hombres.
Tras catorce años de vida, es ahora la primera vez que sus informes se presentan de manera pública. Aunque sus documentos no sean vinculantes, su presentación, conocimiento y utilización se traduce en reforzar las políticas de discapacidad españolas: cómo se ven y qué trascendencia tienen. En marzo, la ONU examinará a España en su sede de Ginebra (Suiza).
Se trata, según Moncloa, de un instrumento que sí cumple el objetivo número 10 de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) 2030, titulado ‘Reducción de las desigualdades’ y con la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad . España, que en 2013 recibió el galardón Franklin D. Roosevelt en la sede de la ONU, se plantea hacer doblete.