Recientemente la justicia ha determinado en Primera Instancia que la ex alcaldesa de Madrid Ana Botella y los miembros de su equipo implicados en la venta de 1800 viviendas y activos inmobiliarios no tienen responsabilidad penal respecto a esa venta. Sin embargo, una sentencia anterior del Tribunal de Cuentas les hacía responsables contables y les condenaba a pagar de forma solidaria 22,7 millones de euros. Además, la misma sentencia condenaba al ex director de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo a pagar casi tres millones de euros. Todo ello por vender a precios más bajos que los de mercado y por las irregularidades del proceso, que iban desde la ausencia de pliegos y estudios técnicos a las escasas garantías a la libre participación de terceros compradores. La iniciativa penal contra el fraude de Botella y los fondos buitres la inició el grupo socialista en el Ayuntamiento de Madrid.

El Ayuntamiento liderado por Ana Botella vendió en 2013, en plena crisis, miles de viviendas de protección social, plazas de garaje y trasteros por un valor que menor que su valor contable y que su precio de mercado. Concretamente, 1860 viviendas, 1.797 plazas de garaje y 1.569 trasteros, además de otros 89 elementos no vinculados, a los fondos buitre. En aquel momento, el Consistorio necesitaba dinero para hacer frente a la deuda mastodóntica que acumulaba desde las obras faraónicas del anterior alcalde popular Alberto Ruiz Gallardón, y optó por deshacerse de "patrimonio". Las viviendas, que en ese momento se encontraban en régimen de alquiler por la EMVS (Empresa Municipal de Vivienda y Suelo), pasaron entonces a manos de la empresa Fidere, que ejecutó la compra a través de dos fondos buitre, que a su vez, posteriormente se supo que están vinculados a la familia Aznar-Botella.

Todo empezó, tras una denuncia del Partido Socialista y la Asociación de Afectados y Afectadas por la Venta de Viviendas de la EMVS por la que se iniciaron varias causas en distintos organismos que fueron resolviéndose poco a poco. Si bien en esta ocasión la causa penal acaba de ser archivada, los demandantes ya han anunciado que recurrirán ese archivo. Recientemente, el Tribunal de Cuentas ha determinado que la ex alcaldesa Botella y los concejales de su equipo, que eran también representantes en la EMVS (Concepción Dancausa, Diego Sanjuanbenito, Pedro Corral, María Dolores Navarro Rey, José Enrique Núñez y Paz González) son responsables contables en la operación y les condena a pagar de su bolsillo casi 23 millones de euros de forma solidaria. Basándose en esta sentencia, PSOE y Afectados recurrieron para investigar las consecuencias penales que pudieran tener Botella y los demás, pero el Juzgado ha vuelto a cerrar el caso al no encontrar indicios de delito penal. Ambos procesos son independientes.

Sin embargo, el Ayuntamiento se plantea recuperar las viviendas obtenidas mediante esta venta demostrada fraudulenta. Para ello, los servicios jurídicos están valorando presentar un proceso de nulidad, anunció a finales del año pasado la Teniente Alcalde Marta Higueras. Sería la segunda vez que el Ayuntamiento intentara revertir la venta. En abril de 2018 ya se archivó un proceso con ese objetivo tras la presentación de un informe vinculante por parte del Consejo Asesor de la Comunidad de Madrid que obligaba a la suspensión del mismo. Además, el equipo de Manuela Carmena valora la pérdida patrimonial no en los 25,7 millones que determina el Tribunal de Cuentas, sino en 127 millones de euros.

Se prepara el Ayuntamiento para librar otra batalla judicial contra la etapa de Ana Botella. Carmena ya ha ganado la anterior batalla.