La sala 16 del Juzgado del Contencioso Administrativo de la provincia de Barcelona ha declarado en su sentencia que no aprueba a unos padres “antivacunas” y apoya la decisión del Ayuntamiento de El Maresme de negar la matriculación del menor en la guardería por carecer de una vacuna.

En esta sentencia, emitida el pasado 8 de enero, se concluye diciendo que los padres, al no querer vacunar al menos, “pretenden que los niños matriculados en la guardería asuman el riesgo de una decisión unilateral y no fundamentada en la evidencia consensuada por la comunidad científica nacional e internacional”.

Laura Mestres Estruch, magistrada titular de los Juzgados del Contencioso Administrativo, ha señalado que entiende a los padres del menor, pero defiende que estos “olvidan los derechos de los demás, pues entienden que su derecho es asistir a una escuela cuna es superior al derecho a la salud del resto de niños”.

Todo esto surge tras la denuncia que la familia del menor puso el pasado 31 de mayo contra el Ayuntamiento de esta localidad, donde iban a matricular al menor, al que posteriormente se le negó la inscripción por la falta de una cartilla vacunal al día.

En esta demanda, los padres del menor apelar al derecho de libertad ideológica diciendo que su hijo debería ser respetado mediante la neutralidad de las decisiones de la Administración en materia de religiones, credos y creencias.

Según el abogado que defendía al Ayuntamiento de la localidad de El Maresme, Dídac Coll, “la opinión de la mayoría debe prevalecer”.

Por su parte, la magistrada, dice que ya ha habido casos parecidos como el de la muerte en junio de 2015 en Olot (Garrotxa), de un menor de unos seis años de edad que falleció contagiado por difteria porque sus padres habían decidido no vacunarle.

Esta sentencia es algo contundente para muchas de las personas que se oponen a la vacunación, que se trata de una opción (minoritaria), que pretende oponerse al derecho a la salud y que perjudica al resto de niños y a sus familias.