La justicia le ha dado un varapalo judicial a la que fuera alcaldesa madrileña del Partido Popular, Ana Botella, y a todo su equipo de Gobierno por la venta en los años 2012 y 2013 de 18 promociones a un fondo buitre muy por debajo del valor real del precio de mercado. Esta operación que se cerró en 128,5 millones de euros, ocasionó un daño patrimonial al consistorio de la capital de 55 millones de euros.

Así lo valoró la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid sobre la fiscalización de operaciones de enajenación de patrimonio inmobiliario de la EMSV. En su informe, este órgano detectó graves irregularidades al prescindir de la "aplicación de las instrucciones internas de contratación" y se determinó que la venta se hizo "sin la existencia de pliegos de condiciones de venta, sin establecimiento previo del valor del mercado del bien a enajenar que se ha fijado por un acuerdo negociado entre el comprador y el órgano de contratación sin estudio o tasaciones previas que fijaran dichos valores". El informe, concluyó, que dicha venta "vulnera las más elementales reglas de buena gestión y administración de bienes ajenos y además afectados al cumplimiento de fines sociales e intereses públicos".

Purificación Causapié, portavoz del Grupo Municipal Socialista, se ha alegrado de la sentencia del Tribunal de Cuentas y ha añadido que aún queda por solventar la demanda por la vía penal que el grupo socialista interpuso y que de dar la razón, “podría suponer una compensación para todas aquellas familias que fueron afectadas por esta operación del gobierno de Ana Botella, que les dejó sin casa de forma injusta y otros que tuvieron que pagar mucho más por su vivienda”.

Para Causapié, esta sentencia viene a ratificar que el Grupo Socialista “tenía razón cuando propuso una comisión de investigación ya que en el proceso de la venta a los fondos buitres hubo un daño, mas allá a las familias a quienes se quitó su derecho a la vivienda, también a la ciudad de Madrid”. También, aprovecho la portavoz del grupo socialista del Ayuntamiento de Madrid para “poner en valor el Decreto sobre Vivienda, del Gobierno, es una ley para prohibir que en futuro se pueden hacer este tipo de operaciones”.

En lo referente a la actual sentencia del Tribunal de Cuentas, es la respuesta a la demanda que Manuela Carmena interpuso ante las innumerables irregularidades detectadas. Carmena, ordenó que el Ayuntamiento presentara ante el Tribunal de Cuentas esta demanda contra la Ana Botela, la ex alcaldesa popular y todo su equipo de Gobierno. Los encargados de presentar dicha denuncia, en el año 2017, fueron los concejales Marta Higueras y José Manuel Calvo. Y también comenzaron los trámites para revertir dicha venta que estaba ocasionando graves consecuencias a los inquilinos que en su día obtuvieron alguno de estos pisos de protección oficial.

Ahora, la sentencia del Tribunal de Cuentas, reconoce punto por punto lo ya establecido por la Cámara de Cuentas y afirma que la venta de estas viviendas se hizo "dando información privilegiada a los fondos, sin pliegos, sin concurrencia y sin realizar una tasación oficial", por los que reconoce que el precio de venta fue "inferior al mínimo jurídicamente exigible".

Por todo ello, el Tribunal condena a Ana Botella y a todo su equipo de Gobierno que estaba formado por Fermín Oslé, Concepción Dancausa, Diego Sanjuanbenito, Pedro Corral, María Dolores Navarro Rey, José Enrique Núñez y Paz González, al pago de 22.711.518 millones de euros de forma subsidiario por lo que cada uno de ellos tendrá que desembolsar una cantidad de cercana a los tres millones de euros. Además, la sentencia, condena a Oslé al pago de otros 3 millones de euros ya que era consejero delegado de la EMSV cuando se produjo la operación. La sentencia, sin embargo, no es firme y puede ser recurrida en un plazo de quince días.

Botella recurrirá la sentencia

La ex alcaldesa y su equipo han hecho una nota pública en la que afirman que "La decisión acordada por el Tribunal de Cuentas será recurrida en tiempo y forma por todos los miembros de la anterior Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid". A su criterio, la Junta de Gobierno de Botella "no intervino ni directa ni indirectamente en la operación de viviendas, solo en su calidad de Junta General de Accionistas de la citada mercantil".

Lo cierto es que la venta de estos 1.860 inmuebles (que sumando trasteros y garajes son 5.315) han sido un quebradero de cabeza para aquel equipo de Gobierno desde que Manuela Carmena y el actual Ejecutivo municipal llegaron al Ayuntamiento en el año 2015. Con el informe del Tribunal de Cuentas en la mano, la actual alcaldesa dedicó pelear por todos los medios contra esta venta injusta, ilegal y pensado solo para beneficiar a los grandes fondos buitre que en la época más dura de la crisis económica se hizo con una ingente cartera de pisos e inmuebles a un precio muy inferior al real hasta convertirse en el mayor "casero" de España.

Además de la vía judicial, el Ejecutivo de Carmena aprobó el 7 de septiembre de 2017 el procedimiento administrativo para declarar nula la venta de viviendas a estos fondos buitre. Entonces, la concejala Marta Higueras anunció que en un plazo que no excedería de seis meses el ayuntamiento daría audiencia pública a las partes afectadas y a todo aquel que considerara que tenía algo que aportar sobre ese "proceso de venta irregular". Pero, este procedimiento administrativo, para que saliera adelante, debía contar con un informe favorable de la Comisión Jurídica de la Comunidad de Madrid, recordemos, gobernada por el Partido Popular. En el informe final, la comisión concluyó que no se hizo nada fuera de la ilegalidad (la normativa lo permitía) y no alcanzaron a comprender qué razones puede haber para querer revertir esta venta. Ahora, este informe queda en entredicho.

Este mismo informe de la Cámara de Cuentas también sirvió para que el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Madrid y por la Asociación de Afectados por la Venta de Inmuebles de la EMSV lograran reabrir la vía penal en noviembre del 2017. Así lo hizo la Sección 30 de la Audiencia Provincial de Madrid que recurrió la sentencia del Juzgado de Instrucción número 38 de Madrid que sobresalía provisionalmente la causa abierta.

En su escrito, el tribunal madrileño señalaba que este informe que se añadía a la causa "aunque no se trate de un informe que fije de manera definitiva y vinculante los hechos (...) aporta datos inexistentes hasta ahora". Por ello -continuan- "aunque fue oportuno el sobreseimiento provisional entonces ahora resulta imposible de mantener por lo que se ha procedido a reabrir la causa".

Esgrime el tribunal que el informe de la Cámara de Cuentas otorga indicios de la presencia de delitos de prevaricación, malversación y fraude.