Barcelona se ha convertido en sede de Consejo de Ministros lleno de simbolismos y esperaranzas para retomar la senda del diálogo cara a resolver el conflicto territorial catalán. Se han aprobado medidas sociales que revierten los recortes sufridos durante la crisis. Después de algo más de tres horas, el Ejecutivo de Sánchez ha aprobado medidas, además, que tienen que ver directamente con la Comunidad de Cataluña. Destacan la licitación de obras en carreteras por valor de más de 112 millones de euros. Y también otras más simbólicas como la reparación del honor de Lluís Companys y la condena del consejo de guerra que decidió su ejecución; o el cambio de nombre del aeropuerto del Prat que pasará a llamarse Josep Tarradellas, primer presidente de la Generalitat de la Democracia.

En la posterior rueda de prensa tras el Consejo, rodeado de manifestantes en las calles adyacentes a la Llotja, pero que en ningún momento han sobrepasado el cordón de seguridad, la ministra portavoz Isabel Celáa ha estado acompañada de la ministra de Política Territorial y Función Pública, la catalana Meritxel Batet, que han ido desgranando las resoluciones y medidas del Consejo, así como respondiendo a las preguntas de los numerosos periodistas allí congregados. Han lamentado la agresión, leve, de los manifestantes a un periodista de Intereconomía.

Isabel Celáa ha afirmado que el Ejecutivo "ha aprobado asuntos de mucha importancia para España y para Cataluña dentro de España". En un día de menos tensión de la esperada en las calles de Barcelona, la portavoz ha querido felicitar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tanto a los Mossos D"esquadra como a la Policía Nacional y a la Guardia Urbana, por su excelente trabajo que se ha desarrollado bajo un único mando. También ha querido hacer un llamamiento a los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña para que ejerzan su derecho de manifestación si así lo consideran, pero de forma pacífica como así lo han hecho según ha reconocido la ministra.

Celáa ha valorado positivamente la reunión celebrada durante el pasado jueves entre Pedro Sánchez y Quin Torra. Para la ministra, "uno de nuestros objetivos es encauzar políticamente las relaciones con Cataluña y la salida del conflicto".

Sin embargo, el presidente del Partido Popular ve en esta reunión un asunto que le produce "indignación, incredulidad, sorpresa y vergüenza ajena" ya que para el líder popular el Gobierno está protagonizando una "traición a la nación española". En cuanto al Consejo de Ministros, Casado se ha referido a él como al "Consejo de la Vergüenza".

De igual opinión ha sido el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, que ha comparecido en una rueda de Prensa junto a la líder del partido en Cataluña, Inés Arrimadas. Para Rivera, "Cataluña no se merece que se pase miedo y que hoy Cataluña esté secuestrada. Torra ha secuestrado a Cataluña". El presidente de Ciudadanos ha añadido que hoy es "un día triste que empezó con la imagen de la humillación, de la claudicación, un presidente aceptando la tesis de que Cataluña y España son dos naciones. Un presidente capaz de cualquier cosa para seguir unos minutos más en la Moncloa".

Tanto Casado como Rivera optan por aplicar ya el artículo 155 de la Constitución y suprimir la autonomía catalana para restituir la ley que ahora dicen que se ha quebrado. Lo que no dicen, quizás porque no lo saben, qué se debe hacer después de la posible suspensión de la Comunidad Autónoma. De todos modos, también ocultan que durante el tiempo que el anterior Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, mantuvo aplicadop el art. 155 no sirvió para acercar posturas sino más bien al contrario.

A preguntas de los periodistas, Isabel Celáa ha contestado a ambos líderes conservadores y ha afirmado que "el diálogo dentro de la Constitución nos llevará a vehicular una solución al problema de Cataluña. Lo que se hizo es comenzar un diálogo en la seguridad jurídica. Eso supone un avance y abre espacios para continuar dialogando".

Por su parte Meritxel Batet ha querido recalcar que "la posición del Gobierno de España es conocida. No existe el derecho a la autodeterminación y no cabe en nuestro ordenamiento jurídico. El problema de fondo se abordará y encontraremos una solución transitando por una senda de diálogo y capacidad de llegar a acuerdos transversales y que representen una mayoría de la sociedad catalana". Los periodistas le han preguntado a la ministra por el comunicado conjunto emitido el jueves, día anterior, y por la ausencia de una referencia a la Constitución. Batet ha respondido que "el comunicado contempla explícitamente la Seguridad Jurídica", por lo que se entiende que "ahí se incluye, como no, la Constitución y los Estatutos de Autonomía", ha declarado.

La portavoz gubernamental ha seguido relatando los acuerdos alcanzados en el Consejo de Ministros y ha hecho referencia a un lamentable hecho que se ha producido esta semana. El Gobierno ha recordado el "lamentable episodio de violencia machista con el asesinato de Laura Luelmo. Quiero trasladarles la solidaridad y el aliento a la familia con la que compartimos el dolor de la perdida", ha afirmado Celáá

En este sentido, la titular Educación, Formación Profesional ha recordado que el Gobierno "lleva trabajando seis meses en el desarrollo de las medidas del Pacto contra la Violencia de Género porque queremos mujeres que se sientan seguras".

En materia económica, Celáa ha valorado positivamente la aprobación de la senda de déficit planteada por el Consejo de Ministros y que fue refrendada por el Congreso de los Diputados el miércoles pasado. Esta subida del techo de gasto supone que el Ejecutivo dispone de 6.000 millones de euros, 2.500 de ellos destinados a las Comunidades Autónomas que podrán gastar en "políticas sociales".

Medidas aprobadas

En cuanto a lo aprobado en este Consejo de Ministros destacan el Real Decreto por el que se fija el SMI para el 2019. Se trata de la mayor subida desde 1977 y supone un incremento del 22% que beneficiará a más de dos millones y medio de trabajadores.

Otra medida de gran calado social es la subida del salario de los funcionarios públicos un 2,25% que afectará a los trabajadores de la Administración central, así como a los de las Comunidades Autónomas y las instituciones locales (ayuntamientos). Se ha optado por la aprobación de un Real Decreto para que desde el 1 de enero de 2019 se pueda hacer efectiva esa medida y no haya que esperar a unos nuevos Presupuestos Generales del Estado.

El Consejo de Ministros ha aprobado medidas que tienen relación directa con Cataluña como son la reparación y el reconocimiento personal de Lluís Companys y el rechazo al consejo de guerra que supuso la ejecución del político catalán.

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