Mientras que esta mañana el único detenido por la muerte de Laura Luelmo confesaba el delito ante los investigadores, en el Congreso de los Diputados se debatía, una vez más en caliente, sobre las leyes penitenciarias españolas y algunos como Pablo Casado aprovechaban el momento para “vender” su programa electoral.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sin embargo, ha anunciado que su Ejecutivo aprobará en fechas próximas nuevas medidas para “reforzar la seguridad de las mujeres”.

Momentos antes, en los pasillos de la Cámara, la vicepresidenta Carmen Calvo adelantaba a los periodistas que entre estas medidas está la modificación de la libertad vigilada que está regulada en el artículo 106 del código penal, pero el Gobierno cree que no está lo suficientemente desarrollado. El objetivo prioritario es endurecer estos controles

La libertad vigilada consiste en someter a un condenado a un régimen de libertad a prueba, buscando su reinserción social a través de un programa individualizado para cada recluso. Ahora no es momento de debatir si medidas como ésta u otras más duras podrían haber salvado la vida de Laura Luelmo. Pero es habitual que los partidos encaren debates de enorme calado en momentos de especial relevancia, con execrables delitos que calan en la sociedad.

Tras las normales muestras de apoyo a la familia por parte de los diputados, se ha producido un rifirrafe entre el Presidente del Gobierno y el líder del PP, Pablo Casado a cuenta, una vez más de la prisión permanente revisable.

Casado ha afirmado que esta pena de privación de libertad “sinceramente, es la mejor fórmula para evitar esta reincidencia y hacer que los asesinos y los violadores estén donde tienen que estar, que es en la cárcel, ni en permisos penitenciarios ni mucho menos saliendo a la calle cuando no están reinsertados”. Además, el líder del Partido Popular ha aprovechado para anunciar que pedirán la inclusión de dos nuevos supuestos que puedan ser tipificados con penas de prisión permanente. Se trata del asesinato con ocultación del cuerpo y el asesinato después de un secuestro. Precisamente, casos que, a la espera de lo que indiquen las investigaciones, coinciden con lo que ha podido pasar en El Campillo.

Pedro Sánchez le ha respondido a Casado que esta medida punitiva aún está en vigor, pero, “no ha evitado desgraciadamente este cruel asesinato”. El jefe del Ejecutivo ha recordado igualmente que la posición de su grupo parlamentario es la de no decidir sobre la derogación o no de la prisión permanente hasta que se pronuncie el Tribunal Constitucional.

Pablo Casado ha insistido que su partido quiere que el asesino de Luelmes “ahora se le condene por la prisión permanente revisable para que no reincida”.

Tras este rifirrafe entre los dos líderes de los grandes partidos, la diputada de Ahora Podemos, Ione Belarra ha utilizado parte de su tiempo para preguntar al Gobierno para acusar al presidente del PP de hacer un uso “absolutamente infame” del asesinato de una persona. La diputada “morada” le ha dirigido unas duras palabras y le ha indicado que lo que ha hecho es “como si los vendedores de armas cada vez que hay un asesinato recomendaran a todo el mundo que llevara pistolas”. Y ha terminado su intervención con un “basta ya. Déjenos en paz a las mujeres porque no necesitamos pistoleros ni prisión permanente revisable, lo que necesitamos son políticas públicas antes de que nos maten”.