El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-Ley de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler que incluye una serie de medidas encaminadas a mejorar el acceso a la vivienda y favorecer un alquiler asequible. El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha afirmado en la rueda de Prensa posterior al Consejo que para el Gobierno Socialista la vivienda supone "algo más que un elemento de mercado" por lo que el Ejecutivo ha actuado con determinación para acabar con la complicada situación que muchas personas, especialmente jóvenes, sufren en la actualidad. "Queremos acabar con un drama que afecta al proyecto de vida de la gente", señaló el titular de Fomento.

El decreto implica modificar un total de cinco leyes: La nueva norma comprende modificaciones en cinco normas: La Ley de Arrendamientos Urbanos, la Ley de Propiedad Horizontal, la Ley de Enjuiciamiento Civil, el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales y el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Las modificaciones jurídicas establece las siguientes novedades como puntos fundamentales:

• El plazo de los contratos se amplía de tres a cinco años. En el caso de que el propietario sea una persona jurídica, la duración del arrendamiento será de siete años. Además, el periodo de prórroga tácita pasa de uno a tres años.

• Las garantías adicionales a la fianza podrán suponer un máximo de dos mensualidades. Hasta ahora no existía ninguna limitación en este sentido.

• Los gastos de gestión inmobiliario correrán a cargo del arrendador cuando este sea una persona jurídica, salvo que el inquilino decida, voluntariamente, recurrir a un servicio de mediación.

• En relación con los alquileres turísticos, se establece que tres quintos de la comunidad de propietarios podrán limitar o condicionar dichas actividades. Como medida complementaria, también podrán incrementar –dentro de unos límites– la contribución que esos pisos realizan a los gastos de la comunidad.

El decreto se completa con medidas fiscales y de coordinación con los servicios sociales para prevenir los desahucios y garantizar la existencia de una alternativa habitacional. El ministro Ábalos recordó que el 65% de los desahucios en el tercer trimestre de este año se produjeron en viviendas de alquiler, y que los desalojos de este tipo están creciendo a un ritmo interanual del 5%. “Es una situación grave que confirma la necesidad de medidas de este tipo”, subrayó.

En este sentido, el Gobierno ha establecido una serie de mecanismos para proteger a los hogares más vulnerables, mejorando la coordinación entre los órganos judiciales y los servicios sociales competentes y facilitar la adopción de medidas para atender los casos de las familias de menor capacidad económica, vulnerabilidad social o con mayores cargas familiares, a través del establecimiento de unos trámites y plazos que ofrecen mayor seguridad jurídica tanto a inquilinos como a propietarios.

Con las medidas adoptadas ayer en materia de vivienda, el Gobierno presidido por Pedro Sánchez va cumpliendo la ambiciosa agenda social con la que llegó a La Moncloa tras la moción de censura a Mariano Rajoy. A este Real Decreto hay que sumar la aprobación de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 900 euros o el Plan de Empleo Juvenil dotado con 2.000 millones de euros; así como la subida de las pensiones.

A pesar de estas reformas en materia de vivienda, Podemos, socio preferente del PSOE en el Congreso de los Diputados, ha afeado al Ejecutivo que no haya asumido la posibilidad de que por ley se prohiban subidas abusivas del alquiler. El secretario general del partido, Pablo Iglesias afirmó a través de Twitter que "si no rectifican, votaremos en contra". Desde Podemos han recordado al Ejecutivo que en el punto 3.2 del acuerdo de presupuestos se recogía la posibilidad de habilitar a los ayuntamientos para que desarrollaran un índice de precios de alquiler de referencia. Con esto se permitiría regular y limitar subidas desproporcionadas en los precios.

Pero, olvida Podemos que esta parte ahora mismo es de imposible cumplimiento ya que el Gobierno no tiene asegurado la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para el 2019 ya que los partidos independentistas catalanes no están por la labor de aprobar las cuentas públicas ya que se encuentran en "otras batallas".