Más de 900 profesionales de la información ha firmado ya el Manifiesto en defensa del Derecho a la Información y La Libertad de Prensa publicado por la Asociación de Periodistas de Baleares a raíz de la intervención judicial del material y de los equipos informáticos a dos periodistas de la Agencia Europa Press y del Diario de Mallorca.

Los agentes buscaban pruebas para determinar de donde había salido una filtración de información que estos dos periodistas publicaron sobre el caso que se investiga en los juzgados conocido como Cursach.

Los redactores a los que se les requisó la documentación se acogieron en al derecho recogido en la Constitución a no revelar las fuentes, pero los agentes siguieron con sus pesquisas y requisaron también los teléfonos móviles de los periodistas.

La información que publicaron tiene que ver con la instrucción del caso Cursach, un asunto en el que se cruzan tramas políticas, policiales y jurídicas en Baleares. El juez de instrucción número 12 de Palma investiga ahora a los dos periodistas por si pudieran haber cometido un delito de descubrimiento de secretos, a instancias de los agotados del propio Crusach.

Fuentes judiciales ya apuntan a que esta investigación podría ser desproporcionada y que corre el riesgo de declararse la nulidad declaro ya que intervenir los móviles de periodistas para indagar sobre una filtración de información podría suponer un hecho inconstitucional.
En este caso se confronta el derecho de información que es un derecho fundamental recogido por nuestra Carta Magna, con el secreto de sumario de un caso judicializado.

Algunos expertos apuntan a que la investigación abierta podría tener cierto sentido ya que habrían transcendido informaciones relevantes de un caso que está bajo secreto de sumario y esta filtración podría entorpecer la labor del juez. Sin embargo, hay otros juristas que entienden que requisar el móvil y aparatos informáticos a un periodista supone imputarle en un delito materialmente sin haberlo hecho formalmente.

A raíz de este caso, la Asociación de Periodistas de Baleares publicó un manifiesto que ya han firmado miles de profesionales para "exigir el respeto al ejercicio de los periodistas en su labor informativa con garantías de independencia y libertad, lo que implica velar por su derecho constitucional del derecho profesional".

Desde la Federación de Asociaciones de Prensa de España (FAPE) también se quiere insistir en que el registro y la incautación llevadas a cabo en Baleares "suponen un grave atentado" contra la Libertad de Prensa.

Los firmantes del manifiesto reclaman respeto a "un periodismo libre, pilar básico en una democracia y piden a la Fiscalía General del Estado que retire su apoyo a estas actuaciones coercitivas hacia los periodistas que informan sobre casos relevantes de corrupción".

Querella de la Agencia Europa Press

La Agencia Europa Press y el Diario de Mallorca junto a los periodistas afectados José Francisco Mestre y Blanca Pou han presentado este jueves una querella contra el magistrado que ordenó la incautación de los móviles y del material de ambos periodistas. En la querella se expresa que esta investigación supone "un ataque letal a una de las normas esenciales para el desarrollo de la vida en democracia". Los periodistas y sus medios acusan al juez, Miguel Jesús Florit Mullet de un delito de prevaricación judicial y otros contra la inviolabilidad del domicilio y contra el ejercicio del derecho al secreto profesional de los periodistas.