Este viernes se ha conocido un primer borrador del Proyecto de Ley Integral contra la trata de seres humanos, en particular con fines de explotación sexual, al parecer filtrado al periódico El País, en el que se trabaja desde Gobierno y que prevée tres escenarios. Con esta nueva legislación se quiere dar respuesta a uno de los puntos aprobados en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género que persiguen la protección de las mujeres ante la prostitución y que el Ejecutivo considera una forma más de violencia que hay que atajar cuanto antes.

La semana pasada, la vicepresidenta del Gobierno, y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, ya anunciaba que la intención del Gobierno era que España cuente con "una ley contra el tráfico de seres humanos y contra la trata con fines de explotación sexual". Para la vicepresidenta se debe “acabar con la parte más terrible del crimen organizado en el mundo por lo que representa contra los derechos humanos, fundamentalmente contra mujeres y menores, en lo que supone un negocio cruel del crimen internacionalizado".

En el seno del Partido Socialista se apuesta por que España adopte por un modelo abolicionista ya que quieren combatir la "falsa libertad individual" que supone la prostitución y que mantiene en una situación de casi "esclavitud" a miles de mujeres en el mundo. Y Así se manifestó también el pasado 25 de noviembre en las calles de muchas ciudades españolas durante las manifestaciones del Día Internacional contra la Violencia de Género.

El diario El País, que al parecer ha avanzado la información gracias a una filtración, ha desvelado los datos de este borrador que incluye 93 artículos, desarrollados en 13 títulos con cinco disposiciones adicionales. Entre las medidas más destacadas están el castigo penal para los clientes de la prostitución y también para los proxenetas que se lucran con el negocio. Los clientes podrían recibir penas de multa de entre 12 y 24 meses lo que se traduciría en que serían multados con entre 720 euros y 288.000 euros. Además, si los puteros se sirvieran de una menor ya tendrían penas de cárcel de entre uno a tres años. Para los beneficiarios económicos de la prostitución, es decir, los proxenetas la Ley establece prisión de dos a cuatro años y multa de 12 a 24 meses. Además se incluye a aquellos que "se lucren con la prostitución de otra persona, aún con el consentimiento de la misma".

Con la consideración de la prostitución como una forma más de violencia contra las mujeres, desde el Gobierno también se quiere proteger a las víctimas que tendrían acceso a recursos previstos para ellas que van desde casas de acogida hasta atención psicológica. Además, el borrador contempla la creación de un fondo para indemniza a dichas víctimas. Dicho fondo se establecerá en los Presupuestos Generales del Estado y el dinero para dotarlo vendrá de "las sumas confiscadas y el producto de la venta de bienes o activos decomisados a los responsables de los delitos de trata o delitos conexos, una vez satisfechas en vía judicial las indemnizaciones a las víctimas".

Según fuentes cercanas al Gobierno, este proyecto de ley está en fase de estudio y el borrador que ha adelantado El País es solo uno de los tres textos con los que trabaja el Ejecutivo. Además, añaden que sería el más alejado de los planteamientos del Gobierno. Pero no lo es la intención última del Gobierno que está decidido a implantar en España un modelo de abolicionista contra la prostitución. Ahora, en España, la prostitución es una actividad alegal. Aunque hay normativas municipales que persiguen y castigan la prostitución no hay leyes estatales que lo hagan. En muchos casos, como ocurre en Sevilla, las ordenanzas municipales solo castigan al cliente.

En otros países de Europa ya tiene legislada la prostitución y hay diferentes modelos de leyes. Están los países abolicionistas, donde se quiere situar España, entre los que destacan Suecia y Francia. En el primero, desde 1999 se penaliza a los clientes que pueden enfrentarse a penas de prisión de hasta un año. Y en el segundo, desde el 2016 la normativa incluye multas por pagar para tener relaciones sexuales. También se encuentra entre los países abolicionistas Finlandia que igualmente penaliza a los clientes pero solo si la víctima está en una red de trata. Otros países abolicionistas en el mundo son Sudáfrica, Canadá, Singapur o Irlanda del Norte.

Otros países han optado por regular el ejercicio de la prostitución como Holanda donde los propietarios de burdeles pagan impuestos y tienen a las mujeres dadas de alta. El objetivo de esta regulación era mejorar las condiciones de trabajo de estas mujeres pero no parece que se haya conseguido.