Porque, en el fondo, se da prioridad a la valoración económica de estas medidas de restricción del tráfico:

Los fabricantes de vehículos contaminantes denuncian la caída de ventas provocadas por el anuncio del Gobierno sobre la fecha de caducidad... en 2050... de la circulación de dichos vehículos, obviando que ésta es ya la hoja de ruta de varios de los países a los que España exporta el 80% de los automóviles que fabrica;

Los comerciantes manifiestan su preocupación por la posible reducción de sus ventas en los ámbitos urbanos restringidos al tráfico… sorprendentemente, si se tienen en cuenta los efectos en la dirección contraria, ya contrastados en las áreas peatonalizadas de Madrid y de numerosas ciudades europeas.

En este debate deberíamos incluir -para seguir hablando en términos económicos- el coste de las patologías y de los riesgos provocados por las partículas emitidas por los vehículos diésel, así como por las nuevas enfermedades y los fenómenos meteorológicos adversos (olas prolongadas de calor, inundaciones, huracanes…), consecuencia directa del uso de combustibles fósiles. Ese cálculo resulta cada vez más preciso y más inquietante, por supuesto no sólo desde la óptica económica, sino principalmente desde la defensa de un derecho fundamental: el derecho a la salud. O sea, el derecho a la vida, a una vida digna y segura.

Y los informes del Instituto Carlos III señalan que la cifra de muertes prematuras a causa de la mala calidad del aire (unas 3.000 al año en Madrid), es solo la punta del iceberg de una evidencia mucho más dramática: están aumentando rápidamente los casos de enfermedades bronquiales, neurológicas, alergias, canceres de todo tipo, depresiones... asociadas a la contaminación, que, además, afectan de forma cada vez más frecuente a los niños.

Esta debe ser la prioridad en el debate público: nuestra Constitución y la Carta de Derechos Humanos establecen el derecho de todos los ciudadanos a la salud. En ningún ordenamiento jurídico existe el "derecho a contaminar"- volveré sobre ello más adelante-, ni siquiera el "derecho a usar el coche" - sí el derecho a la movilidad, por lo que es preciso aumentar las opciones menos contaminantes-.

Por eso, el debate actual sobre Madrid Central tiene mucha similitud con el que se generó con la ley que prohibió el tabaco en los lugares públicos: salud versus negocio.

Lo recuerdo bien; tuve el privilegio de formar parte de ese primer gobierno de Zapatero, y de escuchar los comentarios injustificados sobre los efectos apocalípticos que comportaría dicha prohibición... afortunadamente, hoy ese es un debate superado.

Corresponde a la Comunidad de Madrid, gobernada por el PP, asumir la responsabilidad de haberse negado, durante décadas, a tomar medidas para mejorar la calidad del aire. La mejor forma de demostrar que el PP es un partido político homologable con otros partidos conservadores europeos -que han incorporado en sus políticas las exigencias ambientales -, sería la de contribuir a que la experiencia de Madrid Central sea un éxito, en lugar de entorpecerla como han hecho hasta ahora.

Los ciudadanos tienen derecho a saber que el notable retroceso en la calidad del servicio del Metro es responsabilidad de la Comunidad de Madrid, y que por lo tanto ahora toca exigirle las necesarias actuaciones para reforzar esta opción de transporte público.

La puesta en marcha de Madrid Central constituye una magnífica oportunidad para analizar y divulgar sus efectos: sobre las emisiones, sobre la salud, sobre la actividad económica... y también sobre la satisfacción social respecto de los transportes públicos: por ejemplo, hoy, primer día de su aplicación, los autobuses han podido cubrir sus recorridos en la mitad de tiempo...

Así lo está solicitando el grupo municipal socialista, para que se garantice la máxima información y participación de todos los vecinos, imprescindible para identificar posibles mejoras y obtener los mejores resultados.

Pero no nos engañemos: ante cambios de tanto calado, nos enfrentamos a un sector de la sociedad -minoritario, pero muy poderoso-, que se resiste a cualquier medida de transición ecológica de nuestra economía y de nuestro urbanismo, defendiendo implícitamente que la libertad individual, la libertad de empresa... justifican un cierto "derecho a contaminar". Y por tanto, este es también un debate sobre la calidad de nuestra democracia, que tiene que garantizar que el derecho a la salud y a la vida, el derecho a una ciudad segura y a una movilidad limpia, prevalecen sobre los pretendidos derechos de una minoría de ciudadanos (un 20%) a utilizar vehículos contaminantes, que además ocupan el espacio público de forma completamente desproporcionada (en un 70%).

Por último: la movilidad también tiene una dimensión de género, puesto que son los hombres quienes usan mayoritariamente los vehículos privados. O sea, que son las mujeres las más expuestas, en las calles de nuestras ciudades, a esa peligrosa toxicidad del aire que respiramos; algo que, por fin, comienza a cambiar, también en Madrid.