Un juzgado de Málaga ha dictado una importante sentencia judicial que obliga al Banco de Santander a abonar 1.990,31 euros a un cliente en concepto de notaría, registro, gestoría e impuesto de actos jurídicos documentados ya que declara nula una cláusula incluida en préstamo que data de junio de 2014.

La sentencia fue dictada el pasado 12 de noviembre por el Juzgado de Primera Instancia 18bis de Málaga y establece por primera vez la retroactividad de la devolución del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD) después de la polémica por las varias decisiones contradictorias tomadas en el Tribunal Supremo. En el escrito del juzgado se señala que este impuesto debe recaer en la entidad prestamista porque la disposición del Gobierno “resuelve una laguna interpretativa”, por tanto, la retroactividad se entiende “tácitamente”.

El pasado 7 de noviembre, tras la sentencia del Supremo que decidió cambiar la jurisprudencia al indicar que el AJD lo debe pagar el cliente, el Gobierno anuncio un cambio legislativo para que a partir de ese momento este coste lo asuma el banco. Sin embargo, la decisión gubernamental dejaba fuera la retroactividad. Ahora, con esta decisión se vuelve a abrir el debate judicial sobre las cláusulas abusivas de la banca y si debe devolver o no a los clientes lo que abonaron por este concepto.