La renuncia del juez Manuel Marchena se produce al haber trascendido un mensaje que el portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, dirigió a su grupo en el que reconocía abierta y explícitamente que con el nombramiento de Marchena, “controlarían desde detrás” la Sala de lo Penal a la hora de tomar decisiones delicadas de asuntos políticos y de políticos aforados. Con esta dimisión, al juez Marchena le sigue correspondiendo la Sala II de lo Contencioso del Supremo, donde le compete juzgar casos como la Declaración Unilateral de Independencia catalana, el Referéndum ilegal del 1-O, así como aquellos procesos en los que están involucrados aforados. En lenguaje claro, la corrupción del Partido Popular.
Esta misma mañana, en la Cadena SER, el ministro de Fomento y Secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, sobre este nuevo escándalo del PP ha dicho literalmente que "esto demuestra que con el Partido Popular no se puede negociar nada", porque a la mínima buscan excusas para romper los pactos. Àbalos ha dado un paso más y ha añadido que "el Partido Popular está en franca descomposición" [se infiere a causa de la corrupcioón]. Ha insinuado que lo que tendría que hacer el juez Marchena, al trascender esta connivencia con el PP, es dimitir también de la Sala del Supremo.
Los populares, por boca de su Secretario General Javier Maroto, han culpado al Gobierno de la renuncia del juez y anuncian la ruptura de negociaciones para la renovación hasta que dimita la ministra de Justicia, Dolores Delgado. Consideran que el Gobierno ha puesto en duda la profesionalidad de Marchena y filtrado su nombre siendo, por tanto, responsable de la situación. Con esta peculiar interpretación el PP da un nuevo paso en una huida hacia adelante, culpando al Gobierno de una renuncia que se produce a consecuencia de unos mensajes que surgen del propio Grupo Popular y nada menos que de su jefe de filas en el Senado nacional. No es la primera vez que se mantiene bloqueado el CGPJ. Ya en 2007 la renovación fue bloqueada también por el PP durante dos años, hasta que pasaron las elecciones generales de 2008 ante las múltiples negativas de los populares a negociar. Pese a ello, consiguieron colocar a un magistrado conservador al frente de Supremo.
Nuevas revelaciones en la Púnica
A todos estos hechos hay que añadir nuevas revelaciones en el marco de las investigaciones de la Operación Púnica, hoy se conoce también una anotación de López Madrid, yerno de Villar Mir y exconsejero de OHL, en la que relaciona al exministro de justicia Rafael Catalá con una adjudicación a dedo para una empresa donante del Partido Popular en el AVE a Galicia. La empresa en cuestión, Vimac, figura en los “papeles de Bárcenas” como donante de 880 000 euros en B a los populares. El ex ministro de Justicia, Catalá tendrá que dar explicaciones.