La prostitución ha provocado en los últimos tiempos un encendido debate acerca de su catalogación como trabajo, especialmente tras el reconocimiento en primera instancia de la Organización de Trabajadoras Sexuales (OTRAS) y el posterior recurso para su ilegalización. Dicho reconocimiento cuenta con la frontal oposición de organizaciones feministas como L`Escola y se encuentra en manos de la Audiencia Nacional, tras el recurso de la Abogacía del Estado.

Al hilo de esa polémica, los partidos han tenido que definir su postura y entre ellos tampoco hay unanimidad. Como era previsible. Si bien el Partido Socialista, hoy en el Gobierno, se declaró abolicionista en su último Congreso Federal, Podemos y Ciudadanos tienen posiciones más regulacionistas. La formación morada se encuentra en debate interno sobre qué hacer respecto a la prostitución. Los naranjas, por contra, se enmarcan en su regularización y acusan al Gobierno y al PSOE de “puritanos”. Esto ha llevado a la presidenta de este colectivo a asegurar que cuentan con el apoyo de ambos para ser legales. El Partido Popular también se cuenta entre los abolicionistas.

Sea esto verdad o no, y pese a que los motivos no sean los mismos, lo cierto es que la falta de definición en un tema tan sensible hace a los nuevos partidos un buen blanco para las presiones. En breve tendrán que hacerlo, tendrán que decir si están a favor o en contra y en qué grado. El Partido Socialista está en vías de presentar una iniciativa legislativa en el Congreso de corte abolicionista, tal y como en el Ayuntamiento de Madrid, donde liderado por Puri Causapié presentó el pasado mayo una ordenanza contra la prostitución que todavía anda en fase de aprobación. A ella, ambas formaciones han presentado enmiendas y está por ver si el texto final será del agrado incluso del grupo proponente. Depende de quienes aún no se han decidido.