Tan solo unas horas después de que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo arrojara un jarro de agua fría sobre los hipotecados españoles al revocar la sentencia judicial que obligaba a los bancos a pagar el AJD, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha afirmado con rotundidad que nunca más las familias tendrán que pagar este tributo. Este jueves el Gobierno aprobará un decreto ley con el que modificará la Ley Hipotecaria para que “nunca más los consumidores tengan que pagarlos” (los AJD).

“Lo que queremos es que pague la banca y no la ciudadanía”, ha asegurado Sánchez para tratar de tranquilizar a los afectados, tras la enorme alarma social que ha provocado en la ciudadanía la decisión del Supremo. Además, ha adelantado la creación de una “autoridad independiente de protección de los clientes financieros para proteger a los ciudadanos de abusos y conflictos del sistema financiero”.

Para el presidente, “las Cortes Generales tienen una magnífica oportunidad, porque hay proyectos de ley en trámite, para clarificar de forma definitiva quién tiene que ser sujeto pasivo en los contratos de préstamos con garantía hipotecaria”. Sánchez, ha continuado señalando que “con ello quedará claro y de forma definitiva que el pago corresponde a los bancos y nunca más a los ciudadanos de a pie”. Además, esta reforma “se aplicará desde la entrada en vigor de la ley”.

Este anuncio viene a dar respuesta no solo a la indignación popular sino también a las propias palabras del presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, que ha pedido esta misma mañana al Gobierno “clarificar” quién debe pagar el impuesto sobre las hipotecas ya que, según su opinión, “se producen problemas de interpretación cuando las leyes no son claras”. Nunca antes se había dado un choque tal entre los órganos del Poder Judicial y el Ejecutivo, que ha reaccionado con contundencia a la fórmula elegida por el Tribunal Supremo que deja a la ciudadanía sumida en la estupefacton. Según las asociaciones de consumidores, entre ellas la OCU, y los bufetes de abogados especializados, entre ellos el Bufete de Domingo Montorte, nunca se había visto de forma tan bochornosa como el “alto Tribunal emite una sentencia, se supone que basada en fundamentos jurídicos y él mismo, la congela, basándose en argumentos meramente de interés económico para un sector tan poderoso como es la banca”. Para Facua, es el mayor escándalo que han conocido en décadas y los magistrados del Pleno del Supremo, han dejado la credibilidad del mismo bajo mínimos.

El presidente Sánchez, en un paso adelante sin complejos, ha tranquilizado a las familias y además ha insisitido en que “la autoridad independiente que refuerce los derechos de los consumidores en el sector financiero”, será puesta en marcha de forma inmediata y con el mandato de defender los derechos de los usuarios. “Reforzaremos la protección ante potenciales abusos y resolverá los conflictos en el sector financiero”, ha señalado Sánchez.

A preguntas de los periodistas, el presidente del Gobierno ha afirmado que “espera” que los bancos no repercutan a los clientes este impuesto “estamos dentro de la UE y ahí están también los tipos que ofertan otros bancos. Pero también se abre un debate de si puede haber cláusulas abusivas. En ese sentido apelo a la responsabilidad del sector financiero”.

El presidente está seguro, a tenor de las declaraciones de los diversos partidos políticos y asociaciones, así como el clamor callejero, que tendrá el suficiente apoyo para convalidad este Decreto Ley que se aprobará este jueves, 8 de noviembre. Por su parte, el líder del Partido Popular, Pablo Casado ha pedido que se elimine directamente este impuesto AJD que supone un ingreso de aproximadamente 8000 millones a las Comunidades Autónomas. Para Sánchez, esta exigencia es un brindis al sol, ya que los presidentes de las CCAA necesitan ingresos para revertir en Sanidad, Educación, Dependencia, infraestructuras, etc. “La solución es que el impuesto se mantenga, pero que lo paguen los bancos”, ha concluido Sánchez.