Los líderes independentistas catalanes encausados por el ‘procés’ ya conocen la tipificación de los delitos que se les imputan así como los años de cárcel que se les pide. Todo por su actuación durante las jornadas de desobediencia tanto dentro de la Generalitat como en los posteriores disturbios callejeros, hasta el Referendum ilegal celebrado el 1 de octubre de 2017, que originaron una enorme represión policial y cuyas escenas, aunque realmente no hubo muchos heridos, direron la vuelta al mundo.

En aquellas fechas, concretamente el 26 y 27 de Octubre, el entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont llegó a proclamar la República Catalana en el Parlamento autonómico. Unos días después, se rajó ante los suyos y la amenaza de la Justicia y se fugó en el maletero de un coche a Bélgica, donde permanece huido de la Justicia desde entonces.

Hasta ahora la Fiscalía del Estado no había calificado y lo ha hecho por los delitos de rebelión para los principales cabecillas , salvo para Puidemont y los siete fugados, al que se añade, en algunos casos, el de malversación grave y desobediencia. La rebelión está tipificada en el Código Penal como “el alzamiento violento y público con el fin de declarar la independencia de una parte del territorio nacional”. Precisamente, para Carles Puigdemont, que se dio a la fuga para eludir la justicia española y mentalizar a toda Europa sobre la supuesta falta de libertades en España, los jueces Belga y Alemán calificaron sus hechos, no como rebeliòn, sino como desobediencia o, como mucho, de sedicción. Al contrario de lo que sostenía el juez Pablo Llarena que incluso llegó a estar en tela de juicio al recibir la reprobación de parte de los acusados.

La Fiscalía española también ha pedido para Oriol Junqueras, secretario general de ERC y en su momento vicepresidente del Parlament, a quien considera primer responsable del proceso independentista, 25 años de prisión. Al resto de imputados, los ex consellers, Joaquim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva, Dolors Bassa, Josep Rull, todos actualmente en la prisión catalana de LLenoders, (Girona) la fiscalía les pide 16 años a cada uno. Otros tres ex consellers, que obutivieron la libertad provisional con cargos bajo fianza, Meritxell Borrás, Carles Mundó y Santi Vila, se les pide 7 años por los delitos de malversación y desobediencia grave.

Para los conocidos como los ‘Jordis’ , Jordi Sánchez líder de Asamblea Nacional Catalana (ANC y Jordi Cuixart, de Omniun Cultural, las penas solicitadas por la fiscalía son de 17 años de prisión por rebeldía. Cabe recordar, que en aquellos días, ambos ´Jordis´ se subieron a los coches de la Guardia Civil y alentaron a los independentistas para que no dejaran salir al la comitiva jucial de la Consejería de Economía, a la que habían acudido en búsqueda de requisamiento de datos. Para Carme Forcadell, presidenta del Parlamente la fiscalía también solicita 17 años de cárcel.

Debido al cambio político tras la toma de posesiòn del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez el pasado mes de junio y tras numerosas conversaciones entre representantes de la Generalitat y del Gobierno central, el criterio de la Abogacía del Estado, que es un órgano dependiente del Ministerio de Justicia, ha calificado por primera vez este viernes. En este caso, los Servicios Jurídicos del Estado se inclinan por acusar a Oriol Junqueras por un delito de sedición que está definido en el Código Penal como “el alzamiento público y tumultuario para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas y judiciales”.

Por tanto, la Abogacía asume que no hubo la violencia suficiente como para imputar a los procesados de rebelión, lo cual coincide con el criterio que siguieron las justicias Belga y Alemana con el fugado Puigdemont y los siete que permanecen junto a él fuera de España. Meritxel Serret, Toni Comín, Lluis Puig, Clara Ponsatí, Marta Rovira. Finalmente, la dirigente de la CUP, Anna Gabriel que siguiendo la estela de los anteriores se auto exilió a Suiza, la petición es de entre tres y doce meses de inhabilitación. Unas largas y pagadas vacaciones en Suiza antes que correr el riesgo de fracasar con el procés en España y acabar en la cárcel como sus compañeros diputados.

Para el ex vicepresidente Junqueras, la Abogacía del Estadole pide por escrito12 años por los delitos de sedición y malversación. En cuanto a los exconsejeros, que le acompañan en prision, el Estado pide 11 años y medio de prisión; para Forcadell, 10 años; y para los ‘Jordis’ 7 años. Por último, para los ex consellers que están en libertad con cargos se solicita malversación y desobediencia grave.

¿Por qué esta disparidad de criterio?

Al presidente Sánchez le afea la oposición y muchos comentaristas conservadores que hace un año, en un programa de televisión, dijera que creía que los independentistas habían cometido un delito de rebelión, mientras que ahora, un año después ya se conforma con una acusaciòn de sedición e incluso de desobediencia. Fuentes socialistas explican que en aquellas fechas, el presidente era jefe de la oposición y guardaba lealtad institucional a las decisiones del Gobierno de Mariano Rajo. Fue leal, incluso cuando ni siquiera compartía el criterio del Gobierno de Mariano Rajoy. Aunque debido a la gravedad del procés y lo lejos que llegó el gobierno catalán, sí estuvo de acuerdo en aplicar el artículo 155 defendiendo que con otra actitud más abierta y respetuosa con Cataluña nunca se hubiera tenido que llegar a ello. Hace ya bastantes meses que el Presidente del Gobierno viene avisando de que ve cada vez más claro el delito de sedición que el original de rebelión. Por tanto, mas que un cambio ha sido una adptación a las novedades del caso a menida que la instrucción avanza y los datos se van cerrando.

Incluso en aquel momento, el líder socialista sotenía que la mano dura del Ejecutivo de Rajoy había sido en parte responsable de la deriva independentista que un gobierno en manos de la entonces CiU, después CDC y finalmente PdCat, nunca hubiera tomado si se hubieran atendido sus reivindicaciones. En realidad pedían más Estatut y más soberanismo. Para Sánchez, la posición del Gobierno popular fue de humillación frente a las reivindicaciones identitarias y económicas de la sociedad catalana. Tampoco estuvo Sánchez y su grupo político de acuerdo, en la judicializaciòn del tema catalán y abogaba por más política, es decir, más diálogo y negociación y menos represión.

Para casi toda la oposición, tanto a derecha, Partido Popular y Ciudadanos, como a la izquierda, Podemos y los Comuns, estas calificaciones no han gustado. Albert Ribera y Pablo Casado porque les parece poco y Pablo Iglesias o Ada Colau y el resto de dirigentes independentistas porque les parece una exageración la petición de tantos años de cárcel. El Psoe se limita a señalar que en España existe la separación de poderes.