Ciudadanos anunciaba el pasado lunes 29 de octubre que rompería el bloqueo en la Mesa del Congreso para tramitar iniciativas y que no presentaría más enmiendas a la totalidad a la Ley de Estabilidad Presupuestaria. El Gobierno pretende modificar esta ley para eliminar la capacidad de veto del Senado en la senda de déficit y abriría la puerta a la aprobación de los PGE. Albert Rivera avisa, eso sí, de que eso no quiere decir que tenga intención de apoyarlos. La tramitación de esta Ley permitiría que la senda de déficit siguiese la vía anterior a 2012, es decir, si el Senado introduce enmiendas, aunque la apruebe, esta pasa al Congreso de nuevo que tendría la última palabra.

El viraje de la formación naranja permite además empezar la tramitación de hasta 40 iniciativas actualmente bloqueadas. Se acaba así una suerte de filibusterismo por parte de la Mesa del Congreso, donde PP y Ciudadanos cuentan con la mayoría y van retrasando la entrada en agenda parlamentaria de los temas. La moción de censura que tuvo éxito por primera vez en democracia es terreno inexplorado en muchos sentidos. Uno de ellos es justo este: la discordancia que supone un Ejecutivo apoyado por una mayoría distinta de la que constituyó el Congreso. Al cambiar el Gobierno no cambió el Congreso, cuyo órgano rector se elige al principio de la legislatura y no varía. Por tanto, se da la situación de que la capacidad de introducir temas en la agenda parlamentaria no lo tiene la mayoría que apoyó la investidura de Pedro Sánchez, sino la que llevó a Moncloa a Mariano Rajoy en 2016.

Entran así en conflicto dos legitimidades. La clave en este caso concreto se fija en la excepcionalidad de una Ley en la que el Congreso no tiene la úlitma palabra. La Mesa del Congreso actuará así como órgano más técnico que político, es decir, adpatarse a la nueva realidad de las dos mayorías distintas. Después deberá ser el Gobierno quien se encargue de sacar adelante los apoyos a los PGE, para los que presumiblemente no contará con Ciudadanos. Con esta decisión, intentan alejarse de ser primeros responsables de menos ingresos para las comunidades autónomas, incluida Andalucía, pasando la responsabilidad a la capacidad de negociación del Gobierno.