La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celáa, ha anunciado en la rueda de prensa posterior a la celebración del Consejo de Ministros que se ha celebrado en Sevilla que el Ejecutivo recurrirá al Tribunal Constitucional la decisión del Parlamento de Cataluña de reprobar al rey Felipe VI.

Esta decisión del Ejecutivo que preside Pedro Sánchez no tiene en cuenta el informe del Consejo de Estado que aconsejaba no presentar dicho recurso.

Celáa ha justificado la decisión tomada por el “sentido de Estado” del Gobierno que entiende que la moción aprobada por los diputados catalanes es claramente contraria a la Constitución.

El Ejecutivo indica en la explicación que esta moción “supone un nuevo intento, como otros anteriores, para iniciar un proceso unilateral que desemboque en la proclamación de una hipotética Republica”.

Sin embargo el criterio del Consejo de Estado, órgano consultivo del Ejecutivo, señalaba que la moción aprobada en la cámara catalana contra el Jefe del Estado “es una declaración política que no tiene ningún efecto jurídico”.

La portavoz gubernamental, no obstante, ha recordado que los informes del Consejo de Estado son meramente informativos y que no son vinculantes. Y ha recalcado que “no es objeto de debate lo que concierne a la Corona y la modificación de la forma de Estado en una Cámara autonómica. La figura del Rey es inviolable”.

Reprobación del Ayuntamiento de Barcelona

Solo unas horas después de la comparecencia de la ministra, el Ayuntamiento de Barcelona, con Ada Colau al frente, ha acordado “rechazar el posicionamiento del Rey Felipe VI, su intervención en el conflicto catalán y su justificación de la violencia ejercida por los cuerpos policiales el 1 de octubre”. Además, el consistorio catalán ha apostado por la abolición de la monarquía.

Esta declaración institucional va promovida y firmada por la CUP y la han secundado el Gobierno de Colau así como PDeCAT, ERC y dos concejales no adscritos.

Por último, el texto reafirma el compromiso del Ayuntamiento con los valores republicanos y su apuesta por una institución de la que dicen que es “caduca y antidemocrática”

Es de esperar que el Gobierno también deba recurrir esta decisión del consistorio barcelonés, tal y como hará con la moción aprobada en el parlamento de Cataluña.