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"Lo que la oruga llama 'el fin', el resto del mundo lo llama 'mariposa'."

Sentencia Hipotecaria, marcha atrás y vergüenza del Supremo

Sentencia Hipotecaria, marcha atrás y vergüenza del Supremo


El Tribunal Supremo publicó el 18 de octubre una sentencia que obliga a los bancos a pagar la mayor cuantía de los gastos hipotecarios. Es decir, los Impuestos de Actos Jurídicos Documentados (AJD). Esto alentaba repentinamente a cientos de miles de familias que han sufrido durante años el abuso de los bancos en casi todas, y cada una, de las cláusulas abusivas de la Hipoteca: la cláusula suelo, el pago a la notaría, el pago a la gestoría, al registro, la tasación, la comisión de apertura, los astronómicos intereses de mora, y sobre todo el AJD. Este último el mayor gasto de todos ya que supone entre el uno y el 1,5% del montante del préstamo hipotecario.

Durante décadas, pero especialmente durante la crisis, todo lo que pudieron cargar los bancos al consumidor lo cargaron. Sin freno. Y lo hicieron, todo hay que decirlo, con la complicidad de los notarios. Abusaron de familias comunes, la inmensa mayoría humildes y desconocedoras del derecho bancario, mientras con una amplia y profesional simpatía les hacían creer que les estaban dando la gran oportunidad de sus vidas. Pero en realidad les estaban clavando, con alevosía y conocimiento de causa, una detrás de otra, cláusulas abusivas que le costaba un 10% sobre el préstamo total (para 150.000€, un desembolso de 15.000€ presuntamente fraudulentos). Y que a futuro y frente a situaciones de crisis del consumidor, le supondría perder todo lo pagado, más la vivienda, quedándose en la calle y con una deuda del banco. Una aberración en derecho que Europa ha ido resolviendo a favor del consumidor gracias a una sentencia del 23 de diciembre del 2015 que anulaba todas las cláusulas suelo. Por ahí empezó la reversión.

En definitiva, una estafa masiva y en toda regla que, como se ha comprobado después, desde la crisis del 2008 con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria hasta el día de hoy ha llevado a más de 400.000 familias a perder su vivienda, vivir de la caridad, y a muchos de ellos caer en la exclusión social, según datos de la PAH (Plaforma de Afectados por la Hipoteca). Otras asociaciones, como Adicae, defensores de las víctimas de abusos bancarios así como decenas de bufetes de Abogados especializados en "productos tóxicos y abuso bancario", han luchado y luchan desde hace una década en los tribunales.

Con la sentencia del Tribunal Supremo de la semana pasada, que obliga a los bancos a pagar los AJD, la Sala III dio esperanza a millones de familias. Pero el escándalo llegó en menos de 24 horas, tras la decisión, anunciada por el presidente del TS, Carlos Lesmes, de ordenar al presidente de la Sala, Luis María Díez-Picazo, bloquear dicha sentencia. La excusa, "revisar el criterio por razones económicas y sociales".

Con esta marcha atrás se ha escrito una de las páginas más vergonzosas de nuestra historia judicial. A nadie se le escapa que los bancos, tras hacer sus cuentas y cifrar en 24.000 millones el montante a devolver han puesto su maquinaria de presión en marcha. Es mucho lo que se juega el Estado de Derecho español. A pesar de que el magistrado Carlos Lesmes ha pedido perdón públicamente, habrá que esperar al día 5 de noviembre, fecha en que se reúne el Pleno del Supremo compuesto por 32 jueces, para saber si seremos el bochorno de Europa o el TS saldrá al paso con dignidad e independencia.

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