Uno de los procesos judiciales más importantes de la historia reciente del Tribunal Supremo llega a juicio oral y se dilucirá la responsabilidad de todos aquellos líderes políticos y civiles independentistas responsables de la declaración unilateral de independencia (DUI) que votó el Parlament de Catalunya el pasado 27 de octubre de 2017.

Hoy se ha dado a conocer el auto de conclusión del sumario del "procés" y también el auto que declara abierto el juicio oral. Con ello, se sentarán en el banquillo, previsiblemente a principios del 2019, los dieciocho procesados que permanecieron en España tras la DUI.

Los máximos responsables del procés se enfrentan a una acusación de delito de rebelión que conlleva penas de hasta 30 años. Se trata del ex vicepresidente del gobierno Catalán, Oriol Junqueras; los ex consejeros Turrull, Romeva, Forn, Josep Rull y Dolors Bassa; el expresidente de la ANC, Jordi Sánchez; y el presidente de Omnium, Jordi Cuixart. Los ex consejeros Meritxel Borràs, Carles Mundó y Santi Vila se sentarán en el banquillo acusados de malversación de caudales públicos con peticiones de penas que pueden llegar a los 12 años. Y por último, Borràs, Vila y Mundó; los exmiembros de la Mesa del Parlament Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet; y la expresidenta del grupo parlamentario de la CUP Mireia Boya serán también juzgados por desobediencia, delito que conlleva penas de inhabilitación pero no de privación de libertad.

Pero en el juicio no se podrá juzgar a Carles Puigdemont ni a los otros seis que se fugaron de la Justicia española (Marta Rovira, Meritxel Serret, Toni Comín, LLuís Pauig, Clara Ponsatí y Anna Gabriel).

El auto en el que se anuncia el final de la instrucción ha rechazado la petición de prácticamente la totalidad de las defensas que habían pedido algo más de 300 diligencias de prueba. El tribunal considera que estas peticiones sólo servirían para alargar más el proceso inicial y que hablar tiempo durante el juicio oral de pedir que se incorporen al proceso dichas diligencias: "la Sala deniega la revocación y remite al juicio oral como el escenario adecuado para la práctica de la prueba".

Ahora, las acusaciones tienen hasta el 2 de noviembre para presentar sus escritos de acusación. Hay que recordar que son la Fiscalía, la Abogacía del Estado y Vox. En estos escritos deben concretar la petición inicial de pena contra los encausados y los delitos que se le atribuye a cada acusado.

En este punto ha estado la polémica los últimos días ya que los líderes de los partidos independentistas (ERC y PDeCAT) han pedido al Gobierno de Sánchez que haga algún movimiento encaminado a instar a la Abogacía a que no acuse a los procesados por el delito de rebelión (el que más penas de prisión conlleva). A cambio estos partidos se pensarían si apoyan los Presupuestos Generales del Estado para 2019.

Sin embargo, desde el Gobierno siempre se han mostrado inflexibles ante esta petición y han manifestado su propósito de no quebrar la independencia judicial. Aunque, esta semana el presidente del Gobierno recordara en la tribuna del Congreso de los Diputados que el ex ministro del PP Federico Trillo ya recomendó en 2004 que la ley estableciera que el delito de rebelión sólo se pudiera imputar a militares o a civiles armados.

No obstante, en unos días se sabrán con exactitud los delitos de los que se acusará a los procesados. La idea del tribunal es que antes de Navidad se celebre la denominada vista de previo pronunciamiento. Ya en 2019 se abrirá el juicio oral que se celebrará en jornadas de mañana y tarde cuatro días a la semana y se extenderá al menos tres meses. Por tanto será complicado tener una sentencia dictada antes del mes de junio. Lo que es ya casi seguro que no se conocerá antes de las elecciones autonómicas y municipales del 26 de mayo de 2019.