La sala del Tribunal ha tomado una decisión tan trascendental como extraña, casi sin precedentes, y ahora se piensa si debe cambiar la jurisprudencia que da la razón a los clientes bancarios o dejar todo como estaba hasta ahora.
El presidente de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Luis María Díez-Picazo ha anunciado en una nota informativa hecha pública hoy que "dado que la sentencia relativa al sujeto pasivo del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, supone un giro radical en el criterio jurisprudencial hasta ahora sustentado y habida cuenta, asimismo, de su enorme repercusión económica y social, el Presidente de la Sala ha acordado, con carácter urgente:
Primero.- Dejar sin efecto todos los señalamientos sobre recursos de casación pendientes con un objeto similar.
Segundo.- Avocar al Pleno de la Sala el conocimiento de alguno de dichos recursos pendientes, a fin de decidir si dicho giro jurisprudencial debe ser o no confirmado".
Esto significa que el mismísimo Tribunal Supremo dice que
"donde ayer dijo digo hoy dice Diego", como dice el refranero español y que revisará en el Pleno, formado por 31 magistrados, la sentencia que ayer dio a conocer sobre el sujeto que debe pagar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y el de Actos Jurídicos Documentados. Hasta ahora, estos tributos siempre habían sido abonados por los firmantes de una hipoteca. Sin embargo, ayer la sala encargada de decidir anunciaba que lo legal era que debían ser las entidades bancarias las que debían pagar.
Esta decisión
provocó una auténtica tormenta entre los bancos españoles. Las seis entidades del Ibex 35 perdían en solo un día alrededor de 6.000 millones de capitalización bursátil. Todas cayeron con fuerza, entre el 2% y el 6% ya que la decisión de la Justicia española significaba que los bancos podrían ser obligados a devolver a sus clientes alrededor de 4.000 millones de euros.
Las principales asociaciones bancarias no tardaron en emitir un comunicado en el que pedían a los poderes públicos mayor seguridad jurídica. Y parece ser que los poderes públicos se han hecho eco de esas peticiones y ahora todo vuelve a quedar en el aire.
Si ayer las entidades de consumidores celebraban esta victoria judicial, hoy son los bancos quienes respiran más tranquilos ya que el revés judicial que se llevaron ayer puede quedar en mera anécdota. Cosas de la Justicia.