La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha destacado que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019, en los que trabaja su departamento, serán “la herramienta para revertir el deterioro sufrido por el Estado del Bienestar durante los últimos años”.
La ministra ha comparecido hoy en la Comisión de Hacienda del Senado para exponer las líneas generales de su ministerio en materia presupuestaria, fiscal y de financiación autonómica y local.
En el inicio de su comparecencia en la Cámara Alta, la ministra de Hacienda ha querido hacer una declaración de principios para “resituar el debate y la política en el lugar que merece”. Montero ha reflexionado sobre la oportunidad que presenta la pluralidad existente hoy en el debate parlamentario para abrir nuevas vías que los representantes políticos deben aprovechar, en beneficio de los ciudadanos y de la democracia”.
La titular de Hacienda ha abogado también por rebajar el tono y que “el debate no se reduzca al y tú más, al exabrupto o la intromisión en la vida privada, en busca de un titular en los medios de comunicación”, señalando que la política “no puede ser un lodazal en el que todo valga con tal de destruir al contrincante”. Además, Montero ha animado a la oposición a “hacer política desde la diferencia ideológica, pero con lealtad”.
Presupuestos 2019Además, la ministra ha recordado que el objetivo más inmediato de su departamento es la elaboración de los Presupuestos de 2019. En ese sentido, el Gobierno quiere potenciar las políticas sociales a través de unas cuentas públicas más justas e igualitarias que lleven la recuperación económica a toda la sociedad, especialmente a la más vulnerable.
Así, el Consejo de Ministros elevó el techo de gasto de los Presupuestos de 2019 hasta los 125.000 millones, un 4,4% más que en las cuentas del ejercicio anterior. Unos mayores recursos para las políticas sociales que podrían ser superiores gracias a la nueva senda de estabilidad propuesta y que otorga a España 6.000 millones más de margen.
En este sentido, la ministra de Hacienda ha resaltado que la nueva senda beneficia sobre todo a las Comunidades Autónomas con 2.500 millones más de recursos y a la Seguridad Social con otros 2.500 millones. Montero ha lamentado el “sectarismo partidista” de algunos grupos que rechazan flexibilizar los objetivos de déficit e impiden dar más recursos para la sanidad, la educación, la dependencia, las pensiones o los servicios sociales.
Fiscalidad progresiva y justaAsimismo, en su intervención, la ministra resaltó que el Gobierno apuesta por una política fiscal progresiva, solidaria y justa, algo esencial para la redistribución de la riqueza. De esta forma, la titular de Hacienda ha insistido en que la redefinición de la fiscalidad “no va a afectar a la clase media y trabajadora”.
En concreto, ha explicado que la intención es subir el IRPF a las rentas superiores a 140.000 ó 150.000 euros.
Montero considera asimismo que “la nueva fiscalidad para el siglo XXI se tiene que adaptar a los nuevos modelos de economía globalizada y digital”, en línea con lo que ha propuesto la CE. Ha precisado que la Comisión, entre otras, estudia que las grandes compañías digitales declaren y tributen allí donde su negocio alcance un volumen determinado.
En esa línea, ha anunciado que se va a estudiar un tratamiento fiscal para la llamada economía colaborativa, fundamentalmente en los sectores de transporte y alojamiento.
Rebaja de impuestos a las pymes
El Gobierno pretende establecer un tipo efectivo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades para las grandes corporaciones, no para las pymes ni para las microempresas. De hecho, la ministra ha destacado que las pymes y microempresas “no solo no tendrán una subida de la fiscalidad”, sino que el Gobierno ha planteado “una reducción de los tipos que pagan”. En concreto, la medida supondría una rebaja de dos puntos en el impuesto y beneficiaría a las pequeñas empresas que facturen
menos de un millón de euros.
El Ejecutivo también está explorando distintas opciones en torno al Impuesto sobre Transacciones Financieras, en línea con Europa, para que el sector financiero aporte más.
Además, revisará la fiscalidad verde, para lo cual el Ministerio de Hacienda trabaja con el de Transición Ecológica en una nueva ley, donde se deje de primar fiscalmente al diésel frente a la gasolina. Montero ha dejado claro que ello se hará “sin que afecte a los profesionales ni a los autónomos del transporte”.
Montero ha apuntado que el Gobierno apuesta por una fiscalidad “que contribuya a la igualdad de género”, por lo que tiene intención de que los productos de higiene personal femenina tributen al tipo de IVA superreducido del 4%.
Estas medidas fiscales irán acompañadas de una lucha contra el fraude fiscal, para lo cual se trabaja en una Ley de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, donde se actualizará la lista de paraísos fiscales. Además, el Gobierno tiene intención de hacer pública la lista de morosos con Hacienda, incluyendo, además de a los deudores, a los responsables solidarios y colaboradores.
Financiación autonómica y localEn el apartado de su comparecencia dedicado al modelo de financiación autonómica y local, la ministra de Hacienda ha remarcado que es necesario modificarlo “a la mayor brevedad posible para revertir el proceso recentralizador que el anterior Ejecutivo del PP puso en marcha”.
Un nuevo modelo de financiación que no dará tiempo a concluir en lo que resta de legislatura, según ha confirmado Montero, pero en el que se irán introduciendo mejoras que “alivien” la situación económica de las CCAA, y en las que ya se ha empezado a trabajar a través de la Comisión de Financiación Autonómica, reunida por primera vez el pasado 26 de septiembre.
Entre las medidas que ya están en marcha para mejorar la financiación de las comunidades autónomas y entidades locales, la titular de Hacienda ha hecho referencia a la posibilidad de que las comunidades que se encuentren en una situación financiera más saneada puedan recurrir al mercado para obtener recursos. En este mismo sentido, Montero también ha querido resaltar que su departamento estudiará todas las peticiones que las comunidades y entidades locales presenten para refinanciar la deuda a corto plazo.