A principios del año 2021, el Gobierno de España terminó un extenso informe sobre las inmatriculaciones que había llevado a cabo la Iglesia Católica desde que en el año 1998 José María Aznar cambiara la ley para que se pudiera realizar estas operaciones. Ahora, el presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omella, ha reconocido que hay alrededor de un millar de propiedades que efectivamente la Iglesias puso a su nombre en los registros oficiales sin tener el título material necesario para demostrar esa titularidad. Las organizaciones que luchan por la devolución del patrimonio consideran que se cierra en falso el asunto.